Luego de 10 meses de inestabilidad por las protestas contra el Gobierno, las cifras muestran que Nicaragua es un país cada vez más asfixiado, con una profunda crisis que deja pérdidas por $ 1.600 millones, 300.000 puestos de trabajo perdidos, fuga de capitales, actividad económica que amenaza con contraerse en 11% este año...

Es este escenario lo que lleva al régimen de Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, a recurrir a un nuevo diálogo, como una salida a la crisis antes de que se agrave más, dicen analistas.

Grupos sociales y familiares de asesinados, detenidos o exiliados no creen que este nuevo encuentro sea parte de la “buena voluntad” del Gobierno. “Tiene sanciones severas de parte de EE.UU., amenazas de sanciones inminentes de la Unión Europea, tiene el puñal de la carta democrática de la OEA en el cuello y no consigue dinero. Está asfixiado”, advierte la exguerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez.

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El problema de la convocatoria es que Ortega llama a negociar “cuando se siente con el agua al cuello y está en un riesgo del que no puede salir”, dice la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez.

Horas antes del inicio del diálogo, 100 de los más de 770 detenidos salieron con libertad condicional. Carlos Silva, uno de ellos, no cree en Ortega. “Es un dictador, está ganando tiempo”, dice, y agrega que, en prisión, los obligaban a correr desnudos, a comer comida con basura, que eran requisados, insultados o golpeados.

Activistas exigen la libertad de todos los presos políticos. Salieron algunos líderes, pero de bajo perfil, dijo Braulio Abarca, de “Nicaragua Nunca Más”.

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Críticos también cuestionan porque en el diálogo no se incluyó a ningún representante del movimiento campesino, aunque sus líderes están presos o en el exilio y tres de ellos fueron condenados a penas de entre 159 y 216 años el 16 de febrero, mismo día en que Ortega prometió volver al diálogo.

Activistas cuestionan las largas condenas por “terrorismo, asesinato o secuestro”, sin pruebas. La pena máxima es de 30 años, según las leyes.

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El líder campesino Medardo Mairena, quien participó en el diálogo, fue condenado a 216 años; a otro dirigente campesino Pedro Mena, le dieron 210 años. Al manifestante Carlos Bonilla, le dieron 90 años; al exguerrillero Abdul Montoya, 74 años; 5 años y 9 meses le dieron al comerciante Luis Cuevas, quien fue detenido cuando vendía banderas en las protestas...

“Hay que darle una oportunidad al diálogo, pero tenemos nuestras reservas”, dice Vilma Núñez, quien teme que Ortega buscará a toda costa utilizar la negociación para ganar tiempo y “perpetuarse en el poder”.

El lunes, antes del inicio del diálogo, se reportó el hallazgo del cadáver de Bryan Aburto, estudiante de 18 años que había participado en las protestas en la universidad.

Ese mismo lunes, el político José Pallais denunció que el jefe policial en la ciudad de León llegó a buscarlo a su vivienda y al no hallarlo golpeó a su esposa.

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Ortega va a querer aprovechar el diálogo “para confundir y dividir” a la oposición y usar a los presos “como rehenes y carta de negociación”, refiere el excomandante sandinista Luis Carrión.

“El diálogo se inicia en un ambiente no apropiado porque continúan las detenciones, los secuestros y las intimidaciones”, advierte Azahálea Solís, del equipo negociador de la oposición.

Analistas dicen que Ortega acepta ir a las negociaciones antes de que la crisis económica se profundice en el país.

Cronología de la crisis

18 de abril, 2018: Entra en vigor una polémica reforma de las jubilaciones que desata masivas protestas.

22 de abril: Gobierno de Daniel Ortega deroga las reformas, pero las protestas no cesan y se pide la salida del presidente.

16 de mayo: Se abre un diálogo, que se suspende y se reanuda el 28 de mayo. Amnistía Internacional denuncia represión por grupos paramilitares.

30 de mayo: Se suspenden las negociaciones.

7 de julio: El presidente rechaza adelantar las presidenciales.

16 de julio: Se adopta una ley sobre terrorismo, prevé hasta 20 años de prisión para manifestantes.

31 de agosto: Gobierno expulsa a misión de Naciones Unidas.

19 de diciembre: Régimen expulsa a misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

20 de diciembre: EE.UU. firma ley limitando el acceso de Nicaragua a los préstamos internacionales.

27 de febrero: Nuevo intento de diálogo, convocado por el Gobierno. (I)