La lucha empezó en el 2016. La adolescente de 14 años que vive en el campo, con el apoyo de sus padres, decidió acusar a quien era parte del círculo familiar y la violó. Pese a sus limitaciones económicas y las amenazas que recibió de parte del agresor, la causa siguió hasta la semana pasada en que una de las salas de lo Penal del Guayas ratificó la sentencia y condenó al violador a 22 años de prisión. La joven, que quedó embarazada, decidió tener a la niña.

Yoli Pinillo Castillo, coordinadora de las unidades de Violencia de Género de la Fiscalía Provincial del Guayas, manifiesta que sí se dan casos, pero no en su mayoría, en que las víctimas de violación resultan embarazadas.

Pinillo dice que estos procesos son complejos porque cuando la víctima está embarazada necesita no solo la atención psicológica, sino médica, entre otros. Pero destaca que la mayoría de las víctimas no desiste de la demanda.

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Su despacho conoció el caso en el que la Fiscalía apeló y se logró la sentencia. También el de una violación grupal en Guayaquil, similar a la registrada en Quito la semana pasada.

Eran dos adultos y dos adolescentes, estos últimos fueron juzgados como adolescentes infractores. Los mayores de edad, supo Fiscalía, recibieron una sentencia con agravantes de 29 años y 4 meses.

Datos de la Fiscalía del Guayas revelan que entre el 2017 y 2018 receptaron 35.310 denuncias por delitos de violencia intrafamiliar y violencia de género en la provincia. De esta cifra 2.122 fueron por violación.

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Según la agente fiscal, sí hay un avance en la sociedad porque los casos ahora son denunciados y se siguen hasta lograr sentencia, que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establece de 22 años por violación y hasta 29 años cuando existen agravantes.

Considera que siempre hay que ver ese delito con perspectiva de género, no es un delito común. “La perspectiva de género es que no está bien que una mujer sea violentada sexualmente (...), son delitos especialísimos, que afectan a la víctima, no se recuperan, solo superan el trauma...”.

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El asambleísta Henry Cucalón, de la Comisión de Justicia de la Asamblea, dice que ante el caso de violación grupal en Quito se está pensando que en los delitos de violación con agravantes (29 años) haya un endurecimiento de la pena.

La psicóloga clínica Inés Mendoza Torres, perita de la Fiscalía, menciona que los procesos con las víctimas de violación son integrales porque representan una lesión psíquica grave que toma su tiempo y en el que se involucra a su entorno familiar.

Alberto Ramírez, médico legista de la Fiscalía, considera que para evitar la revictimización se trata de buscar mecanismos para la realización de los exámenes. “Cuando viene una persona agredida sexualmente recomendamos que el Ministerio de Salud entregue la cápsula del día después, los antirretrovirales y una valoración de enfermedades de transmisión sexual”, señala. (I)