El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ayer a la colonia McAllen (Texas), en la frontera con México, donde volvió a prometer que erigirá un muro entre ambos países, un día después de abandonar una reunión con los demócratas para poner fin al cierre parcial del gobierno.

Trump quiere $ 5.700 millones para erigir el muro, que considera necesario para detener una crisis de crímenes violentos causada por la inseguridad en la frontera sur. Los demócratas aseguran que el muro no resuelve los problemas de inmigración y critican que es solo una treta política para satisfacer a las bases de derecha del presidente.

El mandatario ha presionado al Congreso al negarse a firmar el presupuesto del gobierno federal, lo que derivó en el cierre del gobierno, por el que cientos de miles de funcionarios, incluidos controladores aéreos y miembros de la Guardia Costera, no han cobrado su salario en tres semanas.

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Un cierre prolongado del gobierno federal tendría “un efecto considerable” sobre la economía mundial, advirtió Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal del país.

Trump ha martilleado la amenaza de que si los demócratas no ceden, declarará la emergencia nacional para concederse a sí mismo el poder de saltarse el voto del Congreso.

Analistas advierten que esta decisión de Trump sería impugnada en los tribunales. Sin embargo, le daría al presidente credibilidad política ante sus bases, ya que demostraría que hizo lo que pudo para construir el muro. En ese momento, Trump podría poner fin al cierre parcial del gobierno.

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En tanto, el Departamento de Defensa estudia opciones para construir un muro si se declara la emergencia, de acuerdo con el medio USA Today.

Además, según Univisión, el cierre también afecta a muchas dependencias vitales para la seguridad de Estados Unidos, y que no están operativas o funcionan con problemas por la falta de recursos.

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La asociación que representa a miles de agentes del FBI advirtió que el cierre parcial del gobierno puede causar demoras en los laboratorios, reducir los fondos para investigaciones y dificultar el reclutamiento o conservación de agentes.

La medida también amenaza “servicios esenciales” para quienes sufren agresiones sexuales en Florida, alertó un grupo de ayuda a las víctimas.

“La prolongación del cierre significa que las víctimas no recibirán servicios legales y terapia y algunos sitios tendrán que cerrar”, explicó Courtney Nomina, portavoz del Consejo contra la Violencia Sexual en Florida (FCASV, en inglés).

A partir de hoy 800.000 empleados públicos no podrán recibir su pago.

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Mientras, por esta lucha interna, Trump añadió que no iría al Foro de Davos. (I)