Durante 11 años, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investigó las entrañas del Estado en busca de esquemas de corrupción y las complicidades que la permitían, lo cual resultó en casi 700 personas bajo proceso, incluido un expresidente.

Ahora, sin embargo, existe el temor de que el combate a la corrupción sufra un retroceso tras el anuncio del presidente Jimmy Morales de poner fin a la operación de la Cicig, organismo de las Naciones Unidas elogiado por atreverse a realizar investigaciones que tocaron a las más altas autoridades.

Bajo el argumento de que se había extralimitado en sus funciones, Morales anunció el fin del acuerdo de creación de la comisión, el cual firmó en 2006 con la ONU. Uno de los casos más recientes dela Cicig fue precisamente investigar a Morales por presunto financiamiento ilegal en su campaña, lo cual ha llevado a varios de sus críticos a considerar que el mandatario tomó esa decisión para evitar que avance la indagatoria en su contra.

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Una salida prematura de la Cicig impactaría el desarrollo de los casos complejos de corrupción en marcha, resultarían en un retroceso de todos los avances logrados, y el reacomodo y toma o cooptación total de estado por parte de las redes ilícitas y mafias de corrupción”, Adriana Beltrán, coordinadora del área de seguridad de la Washington Office on Latin America.

Ayer se vieron las primeras repercusiones: abogados de la Cicig no asistieron a audiencias judiciales programadas de casos de alto de impacto, entre ellas una sobre la investigación del pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

El Gobierno de Guatemala dio un plazo de 24 horas, que se vencía ayer, para que abandonaran el país los miembros de la Cicig, a cuyo titular, Iván Velázquez, ya le habían negado la entrada hace semanas. No obstante, la ONU dijo que el trabajo termina el 3 de septiembre.

La ONU dijo no saber la ubicación específica de los integrantes de Cicig y se limitó a señalar que el Gobierno de Guatemala tiene la responsabilidad de “asegurar la seguridad de los funcionarios”.

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Sectores como los empresarios han mostrado su apoyo a la decisión presidencial. Sin embargo, organizaciones civiles nacionales e internacionales han manifestado su rechazo.

La decisión de Morales ocurre luego de que el fin de semana el Ejecutivo intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, y de un largo enfrentamiento con Velásquez, el jefe de la misión, a quien Morales quiso expulsar y, posteriormente, negó en septiembre pasado el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.

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La relación de Morales con la Cicig es hostil desde el inicio de su mandato en 2016, luego de que este ente acusara a su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. Los dos están a la espera de juicio.

La situación se agravó en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción en las finanzas de su partido cuando ganó la presidencia en 2015.

El delito del hijo del presidente apareció de forma no buscada. Y entonces, ¿qué debíamos hacer, mirar para otro lado? ¿O no actuar contra las televisiones que financiaron ilegalmente a los partidos porque nos echamos en contra a medios muy poderosos?”,  Iván Velásquez,Comisionado del Cicig, en entrevista a El País.

En su más reciente informe de actividades, la Cicig señaló que junto con la Fiscalía guatemalteca había logrado iniciar procesos penales a más de 680 personas, de las cuales 310 habían sido condenadas.

Uno de los casos más relevantes llevó a la detención del expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció a su cargo en 2015 luego de que los investigadores lo señalaran de una millonaria defraudación aduanera y otros delitos de corrupción. También fue detenida su vicepresidenta Roxana Baldetti y siete ministros. (I)

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