Los próximos 9 y 10 de enero deberán reconocer firma y rúbrica los siete miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción que presentaron en Fiscalía una denuncia, el 13 de septiembre pasado, contra el expresidente de la República Rafael Correa por los hechos ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

La denuncia fue entregada cuando estaba como fiscal general encargado Paúl Pérez, pero el inicio de la investigación previa para esta causa lo ordenó quien lo reemplazó en el cargo: la fiscal general subrogante Ruth Palacios. El 26 de diciembre pasado se emitió el primer impulso fiscal dentro de la fase preprocesal de investigación previa.

Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión, entregó la denuncia luego de una reunión que mantuvieron el 13 de septiembre último los comisionados con el entonces fiscal Pérez con el fin de crear una mesa para analizar casos de corrupción ocurridos en el país en la década pasada.

Publicidad

En ese momento Rodríguez explicó que se debía investigar y establecer las responsabilidades penales del expresidente Correa y de aquellos jefes militares y civiles que participaron durante los hechos del 30 de septiembre del 2010.

Según él, es indispensable que se indague a profundidad a todos aquellos jefes militares y civiles que dieron disposiciones para que se dé una "persecución miserable" contra más de 300 ciudadanos que perdieron sus trabajos e incluso la vida.

Entre los 15 y 16 de enero próximos, los siete comisionados fueron convocados para rendir sus versiones libres y voluntarias en el caso.

Publicidad

En la Fiscalía también se investigan los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 y el proceder de jueces y fiscales que conocieron los casos. El análisis de da a partir de denuncias que ha realizado la Asociación de Víctimas del 30S y vocales del Consejo de la Judicatura de transición. (I)