“Existe un patrón de persecución sistemático y continuo en el tiempo desde el Estado para impedir cualquier disidencia y crítica a sus políticas a través de la judicialización de las diferencias políticas”. Esa es una de las principales conclusiones de la Mesa por la Verdad y la Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más a casi cuatro meses de que el Consejo de la Judicatura transitorio (CJ) creara este espacio para identificar los patrones de la presunta persecución política usados en el gobierno de Rafael Correa.

El informe definitivo será presentado la segunda semana de enero. Pero el preliminar señala que existió una exagerada gravedad de los tipos penales aplicados a los procesados, que hubo participación directa de autoridades en la judicialización de casos como denunciantes, acusadores particulares o asistentes a audiencias, y que la judicialización se acompañó con intimidación y secuestros.

Para el presidente de la Mesa, Paúl Jácome, los testimonios escuchados y los resultados que arroja el análisis reflejarían que “debe cambiar estructuralmente la justicia ecuatoriana”.

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El coordinador jurídico de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, reconoce que la sociedad tiene derecho a que se investigue el accionar de sus mandatarios, pero para ello, dice, se debe aplicar un debido proceso. Aclara que la Mesa del CJ transitorio no trata de buscar justicia, sino venganza.

En los 247 casos de los que se tiene información definitiva, de más de 1.400 presentados, existieron como víctimas 196 hombres y 51 mujeres.

Según el informe, el año en que hubo la mayor cantidad de casos de persecución fue 2010, con 85 causas penalizadas. Es a partir de entonces que el Estado empieza a usar tipos penales como agresión terrorista, terrorismo organizado, atentado contra la seguridad del Estado, entre otros.

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El gobierno de Rafael Correa sumó entre 2007, que inició su mandato, y el 2009, nueve casos y para el 2011 la cifra pasó a 19; en el 2012 a 35; en 2013 a 18; en 2014 a 8; en 2015 a 25; en 2016 a 20; y el 2017 a 8. En el 59% de los 247 casos el tipo de enjuiciamiento usado fue el penal, le siguió el contencioso administrativo (20%) y el constitucional (13%). (I)