Una consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018, con siete preguntas, dio paso a un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), esta vez de transición, porque su misión sería "evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos".

La Asamblea Nacional posesionó el 28 de febrero a sus siete miembros, en base a los nombres propuestos por el presidente de la República Lenín Moreno. Ellos son: Miryam Elizabeth Félix López, Julio César Trujillo (escogido presidente), Luis Macas Ambuludi, Luis Hernández Peñaherrera, Pablo Dávila Jaramillo, Xavier Zavala Egas y Eduardo Mendoza Paladines.

El primer funcionario destituido, a fines de marzo, fue Patricio Rivera, entonces superintendente de la Economía Popular y Solidaria.

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Y hasta principios de noviembre había designado tres autoridades: Sofía Hernández, en reemplazo de Rivera; Íñigo Salvador como procurador en lugar de Diego García; y Danilo Sylva, superintendente de Control del Poder del Mercado, sustituyendo al superintendente encargado Christian Alejandro Ruiz Hinojosa.

En los primeros seis meses, el Cpccs evaluó y cesó a 27 funcionarios.

Aún queda por designarse miembros de instituciones como la Corte Constitucional y los vocales del Consejo de la Judicatura. Además el Fiscal general definitivo, para cuyo proceso se excluyó el uso del polígrafo.

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Una de las más recientes instituciones cuyos integrantes fueron designados por el Cpccs, fue el Consejo Nacional Electoral, a mediados de noviembre. Este es el organismo encargado de organizar y ejecutar las elecciones del 24 de marzo de 2019, donde se elegirá justamente a los vocales del Consejo de Participación definitivo y a las autoridades seccionales.

Este fue el primer órgano colegiado y definitivo que designó el Cpccs, y quedó conformado por: Diana Atamaint (presidenta), Enrique Pita (vicepresidente), Esthela Acero, José Cabrera y Luis Verdesoto.

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Mientras, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se posesionó como jueces temporales a Joaquín Viteri, María de los Ángeles Bones y Ángel Torres.

El accionar del Cpccs de transición generó reclamos como el del ciudadano David Paz Viera, quien presentó una denuncia en el TCE porque supuestamente los vocales del organismo "han matado el texto constitucional".

El consejero Luis Hernández aseguró que las autoridades que han sido cesadas o elegidas por el Cpccs de transición no podrán ser destituidas por sus sucesores. Solo por la Asamblea Nacional. (I)