Al menos diez posibles incumplimientos encontró la Contraloría en el traspaso de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y a la administración de los mismos en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), Superintendencia de Bancos y entidades relacionadas entre el 1 de junio de 2014 y el 9 de julio de 2018.

Según la lectura del borrador del informe, realizado este jueves, hubo desde omisiones de requisitos para ese traspaso hasta ausencia de archivos adecuados.

En septiembre del 2014, la Asamblea aprobó una ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Biess, para que esos 54 fondos, creados por empleados de entidades públicas para tener un beneficio extra al momento de jubilarse o quedar cesantes, pasen a ser administrados por esa entidad. Algunos de ellos de entidades como Petroecuador, magisterio, universidades, prefecturas, universidades y Función Judicial.

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Según Contraloría, en el Fondo de Cesantía del Magisterio no se pudo establecer el valor del aporte estatal.

La Superintendencia no supervisó que los fondos presenten información económica, financiera, actuarial de sostenibilidad actualizadas a fin de establecer su situación y proyección.

También que hubo decrecimiento en la rentabilidad de las inversiones de los fondos porque no se actualizaron los reglamentos, que los gastos administrativos para los fondos fueron asumidos por el Biess, que la designación de los administradores fue sin concurso y se actuó de manera discrecional, falta de un sistema de soluciones informáticas para la administración de los fondos, funciones de coordinadores sin aval del ministerio de Trabajo, información de los fondos sin archivos adecuados, concesión de préstamos sin ser parte de esos fondos y falta de presentación de balances de 2015 (II semestre) y 2016 (I semestre).

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Debido a que es un borrador de informe, los involucrados tienen cinco días laborales para presentar sus pruebas de descargo que serán analizados con miras al informe final.

A la lectura del informe asistieron exadministradores de los fondos, quienes exigieron que haya una reforma a la normativa para que el Biess ya no tenga competencia en su gestión. (I)