La sentencia que el Tribunal Penal del Azuay dictó la noche del miércoles contra 37 policías que participaron el 31 de mayo de 2016 en una requisa a internos del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi, será apelada no solo por los abogados defensores, sino por la Fiscalía. Se les impuso 106 días y 16 horas de prisión por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

En un inicio se los acusó por tortura, pues esa noche los internos del pabellón de mediana seguridad JC fueron golpeados, pisoteados y hasta se los obligó a hacer “sapitos” desnudos con el objetivo de hallar algún objeto prohibido en sus cuerpos. Esto se conoció a través de un video filtrado en redes.

Al jefe del operativo, René Cañar, se lo acusó de ser el “autor mediato” mientras que a sus súbditos, de “autores directos”.

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El 18 de septiembre inició la audiencia de juicio y la noche del pasado miércoles, el Tribunal Penal conformado por Luis Flores, Patricia Inga y Pedro Ordóñez encontró la culpabilidad en 37 uniformados. A cuatro se les ratificó el estado de inocencia y a una mujer policía se le dictaminará su sentencia una vez que dé a luz.

En la motivación de la sentencia, el juez ponente aseguró que se determinó la materialidad del delito a través de pruebas y análisis como que el obligarlos a hacer ejercicios desnudos no era una “técnica de investigación”. Sin embargo, consideró que no hay causales para determinar que el tipo penal es tortura, pero para que el hecho no quede en la impunidad, calza en la figura de extralimitación, argumentó.

Como era de esperarse, este fallo generó indignación entre los uniformados y sus familias quienes decían sentirse indefensos legalmente.

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El abogado Óscar Zúñiga defendió a 15 policías, incluido el jefe del operativo y considera que un error del Tribunal fue dictar una sentencia “compartida” y no de manera individual. Además, anotó, que fueron sentenciados por un delito por el que ya fueron sobreseídos en agosto del 2017.

Otro aspecto que le inquieta al defensor de los uniformados es que la pena se cumpliría en Turi, el mismo lugar donde se dio la agresión, lo que sería “un premio” para los privados de la libertad.

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