Debido a que los trece detenidos (siete militares y seis civiles), dentro del proceso que investiga un supuesto tráfico de armas al interior de las Fuerzas Armadas no fueron trasladados desde sus lugares donde permanecen privados de su libertad, las versiones definidas para este caso se suspendieron este miércoles.

La investigación del caso inició con varios allanamientos en destacamentos de las Fuerzas Armadas en Quito, Guayaquil, Loja, Esmeraldas, entre otras ciudades. Se analiza la posibilidad de que armas y municiones de uso militar fueron entregadas a integrantes de la agrupación narcodelitiva liderada por Walter Arizala alias Guacho.

Según Erick Huilca, abogado del militar Arroyo V., la investigación en el caso no ha avanzado. Explicó que recién en esta semana se tomarán algunas versiones de comandantes que se encontraban a cargo de estos distintos recintos militares, que fueron llamados por la Policía.

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Huilca afirmó que su cliente, quien fue detenido en Guayaquil, no tiene ninguna responsabilidad en el hecho, debido a que se lo relaciona con una llamada hecha a un mensajero que sí podría tener participación en el ilícito que se investiga.

Walter Arboleda, abogado del procesado Luis Alberto B., aseguró que su defendido, quien también es militar, está siendo involucrado injustamente por una llamada que hizo dentro de sus funciones asignadas. (I)