La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó este viernes su informe de labores en un año en que el gobierno anunció el fin de su gestión y bloqueó la entrada de su titular, Iván Velásquez, al país.

Sin embargo, el organismo destaca que en 11 años de labores ayudó a desarticular decenas de estructuras criminales y la condena de centenares de personas en la nación centroamericana.

El acto inició con un cerrado aplauso a Velásquez, quién en ausencia siguió el evento por Internet. En un mensaje grabado, el comisionado de las Naciones Unidas resaltó que el trabajo de CICIG es “apoyar y fortalecer a las instituciones del estado para que esas estructuras criminales sean desarticuladas y no tengan espacio para su reaparición”. Llamó a la población guatemalteca a una participación “vigorosa” en defensa de la democracia.

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De acuerdo con la CICIG, desde el 2007 en que comenzó su trabajo en Guatemala logró presentar más de 100 casos, dando con la desarticulación de unas 60 estructuras criminales y condenas a 310 personas. Estima que en el 90% de los casos en los que colaboró con la fiscalía se lograron castigos.

Pero la comisión empezó a ser atacada por el gobierno luego de que junto a la fiscalía solicitaran en 2017 retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales, acusado de ocultar información financiera del partido que lo llevó al poder y por financiamiento electoral ilícito de su mismo partido. Por este caso han sido condenadas varias personas que confesaron la entrega de ese financiamiento.

Previamente la fiscalía y la Comisión habían procesado al hijo y hermano del presidente por actos de corrupción.

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Tras las acusaciones de sus familiares y solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente, se congelaron las relaciones entre las instituciones. Morales declaró non grato a Velásquez y ordenó su salida del país, pero la Corte de Constitucionalidad revocó su decisión.

En 2018, Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión, un año antes de que este finalizara, días después ordenó no dejar entrar al país a Velásquez, argumentando que era una amenaza al orden público y la seguridad, mientras el comisionado realizaba un viaje de trabajo al exterior.

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Actualmente, Velásquez dirige las investigaciones desde el extranjero.

Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, valoró el informe de labores del organismo, al señalar que ayuda a la “consolidación del régimen democrático del país”.

La CICIG, que llegó a Guatemala en 2007, colaboró en las investigaciones del Ministerio Público que llevaron a la separación del cargo del entonces mandatario Otto Pérez Molina y su gabinete por acusaciones de corrupción. También ha respaldado procesos contra jueces, empresarios y particulares vinculados a delitos de corrupción, violación a los derechos humanos y otros. (I)