Más de dos semanas y diez días, respectivamente, permanecen en el despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas (AP), los informes sobre las investigaciones a las legisladoras Sofía Espín (antes de AP) y Norma Vallejo (AP). En ambos se recomienda su destitución.

Esteban Bernal (CREO), acusador de Espín, considera que en la demora por incluir los informes en el pleno se mezclan tres cosas: falta de voluntad política para una real depuración; miedo a que en el camino ‘caigan más cabezas’, y cálculo político a fin de que la solicitud de levantar la inmunidad anunciada desde la justicia entre primero al pleno antes que el informe de la Comisión multipartidista de investigación.

A Bernal le quedan pocas esperanzas de que se llegue a concretar la destitución de Espín, más aún cuando en una de las últimas decisiones del pleno sobre el juicio al exministro de Finanzas Carlos de la Torre se mandó a votar la moción de censura sin tener en la sala al menos los 92 votos presentes.

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Eliseo Azuero (BIN), presidente de la comisión que investigó a Vallejo por denuncia de Fabricio Villamar (CREO) por cobro de ‘diezmos’ a sus subalternos, dijo que el informe contra ella está debidamente motivado y sostenido.

Advirtió que posiblemente la falta de votos en el bloque de Alianza PAIS hace que el tema no se incluya en el pleno.

Que si la asambleísta Vallejo advierte de un canje de su cabeza por “otras cabezas”, que lo diga, increpó Azuero.

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Franklin Samaniego (antes de AP) dijo que es responsabilidad única de la presidenta de la Asamblea incluir los informes en la agenda del pleno, pero como no ha procedido de esa forma, se puede señalar la falta de voluntad.

Dijo que en el informe de la comisión que investigó a su coidearia Espín hay algunos elementos que necesitan revisarse antes de una resolución sobre la destitución.

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En las dos sesiones del pleno previstas para este martes y jueves no consta al momento el trámite de los documentos contra Espín y Vallejo.

Hasta ayer no se conoció si el juez Richard Villagómez, juez de la Corte Nacional de Justicia que investiga a Espín por delito de oferta de realizar tráfico de influencias, haya pedido levantar su inmunidad.

Abogada señala que hay más política que ley en este caso

“Hay más política que ley en este caso. Esperemos que Fiscalía haga una investigación apegada a la ley, que sea encaminada con las pruebas verdaderas. Vengo a dar mi versión para aportar con todas las pruebas que tengo y que pueden servir para que Fiscalía realice esa investigación de forma correcta y real”.

Con esa frase llegó ayer a la Fiscalía la abogada Yadira Cadena, parte de la defensa del expresidente Rafael Correa en el caso del secuestro de Fernando Balda, quien es investigada por el delito de oferta de realizar tráfico de influencias junto con la asambleísta Sofía Espín (antes de AP).

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Ambas son indagadas desde finales de septiembre pasado por la visita que hicieron al Centro de Confianza donde está la testigo protegida del caso Balda, Jéssica Falcón.

A Cadena le parece extraño que en este caso la Fiscalía, la semana pasada, ya haya pedido a la Corte Nacional de Justicia definir fecha para audiencia de formulación de cargos, cuando recién ayer ella daba su primera versión. Hoy Espín rendirá por primera vez su versión.

Diego Chimbo, abogado de Falcón, dijo que no descartan participar en esta causa como parte procesal, pero aclaró que la decisión de plantear una acusación particular contra Espín y Cadena es de su cliente. (I)