Pagos de cuidados de caballos, compras de diamantes, puros... del expresidente Manuel Zelaya y su esposa, Xiomara Castro, en 2012; caso Zapatazo, en 2013, en el que se sobrevaloró la compra de uniformes escolares y que implica al despacho de la esposa del expresidente Porfirio Lobo, criticado por comprar una casa en más de $ 600.000 en Miami, meses antes de dejar el poder; caso seguridad social con la sobrevaloración millonaria de medicamentos, pago de servicios sexuales...

Son parte de casos que suman millonarias cantidades de dinero que se malversaron en las altas esferas del poder en Honduras, uno de los países más pobres y violentos, y de donde proceden los más de 3.000 migrantes, que en una arriesgada travesía intentan llegar a EE.UU.

Una investigación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) sobre la corrupción en los países del Triángulo Norte Centroamericano (TNC), estima que las pérdidas por la corrupción en Honduras, entre 2007 y 2014, fueron de $367,1 millones, 4,3% del PIB y que el 95% de los casos se relaciona con el Instituto de Seguridad Social.

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Ya son más de 3 mil los migrantes en la caravana hacia Estados Unidos

Las pérdidas equivalen a cinco veces el presupuesto de Desarrollo e Inclusión Social; a 70% del presupuesto de la Secretaría de Salud; o al 35% del presupuesto de la Secretaría de Educación, según comparaciones que hace el estudio.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras investiga desde 2017 una red de diputados, incluido el vicepresidente del Congreso, que se apropió ilegalmente de dinero público destinado a obras sociales.

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Otra investigación apunta a la malversación de unos $ 12 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; parte del dinero fue para financiar la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández en 2013 y las campañas de otros partidos, según la misión.

El Salvador y Guatemala, los otros dos miembros del TNC con altos índices de pobreza, violencia y emigración, también están marcados por la corrupción que han implicado a presidentes, ministros, legisladores, alcaldes, magistrados, políticos y empresarios.

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La investigación del Icefi incluye unos 20 casos en El Salvador, entre 1989 y 2017, que le han costado al país $ 550,9 millones, presente sobre todo en obra pública y la polémica partida secreta presidencial. La cifra representa casi el 95% del presupuesto para salud, por ejemplo. Los tres últimos expresidentes han sido investigados por corrupción, uno de ellos Antonio Saca, finalmente confesó el robo de más de $ 300 millones del Estado a cambio de la reducción de pena.

Mientras, en Guatemala, en donde el actual presidente Jimmy Morales puso fin a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, luego de que el organismo le iniciara una investigación por corrupción, otros 20 casos han sido investigados y representan pérdidas por $ 550,3 millones.

El caso más destacado es el del expresidente Otto Pérez, preso por corrupción, mientras quien fue su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fue condenada a 15 años de prisión.

En total, entre Honduras, El Salvador y Guatemala la corrupción representó $ 1.468 millones, que implican no solo un robo de recursos públicos, sino el robo de oportunidades de desarrollo y mejores condiciones de vida para la población más vulnerable, refiere el Icefi.

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“La situación que estamos viviendo en nuestro país es muy triste y muy crítica”, dice a AFP Lourdes Aguilar, junto a sus hijos de 4 y 7 años, con quienes va en la caravana a EE.UU., huyendo de la violencia, la falta de empleo y la carencia de medicinas en los hospitales en Honduras. “En nuestro país te matan o te morís de hambre”, añade María, su madre. (I)