El relator del Derecho a la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, señala que el Gobierno debe hacer una revisión integral de las leyes, incluyendo la Constitución, y no solo de la Ley Orgánica de Comunicación, la cual no debe regular los contenidos, pero sí garantizar el derecho de las comunidades a los medios.

¿Cree que los países necesitan una ley que regule la comunicación y a los medios?
Diría que en principio, como en un mundo ideal, no debería haber una Ley de Comunicación que tenga que ver con los contenidos. Hay cierto tipo de temas que no deberían estar en una Ley de Comunicación como las restricciones sobre la libertad de expresión. La regulación del contenido, eso no debería estar en la ley, los tipos de temas que manejaba la Supercom, el linchamiento mediático o la información falsa o no verificada.

¿Qué sí debería estar en una Ley de Comunicación?
(Una ley para) garantizar el espacio para la radio comunitaria. Las comunidades en Ecuador son valiosas para la diversidad del país y debemos crear ese espacio, y si eso es lo que Ecuador quiere, eso debería estar en una ley.

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¿Por qué es necesaria la autonomía de la Arcotel del Ministerio de Telecomunicaciones, como sugiere en su informe?
Ahora tenemos una agencia del Gobierno que puede supervisar lo que se piensa que es público y creo que para la evaluación, ya sea de sus frecuencias o cualquier tipo de comunicación o la infraestructura, debería ser independiente. A largo plazo, si Arcotel no es independiente va a estar sujeta a puntos de vista. Puede ser nominada por el Gobierno, la Asamblea y la sociedad civil, pero formalmente no debería ser parte del Gobierno, debería ser una agencia independiente.

¿Por qué los delitos de opinión, como la calumnia por ejemplo, deben ser despenalizados?
(Con la penalización) el Gobierno tiene una herramienta para restringir a los informantes... si alguien ha sido difamado o alguien te difama, quizá pueda ser demasiado desproporcionado el castigo (multa o prisión)... La ley de derechos humanos permite al Estado restringir la expresión por diversas razones y una de ellas es para proteger los derechos y la reputación de una persona, pero no quiere decir que necesariamente hay que hacer eso una restricción penal, hay otras restricciones que son más proporcionales.

Usted señaló que el Gobierno debe hacer una evaluación integral del ámbito de la comunicación, no solo de la Ley. ¿Cuáles son estos ámbitos?
Si estamos hablando la criminalización de la comunicación, una es el Código Penal y ver qué parte del Código es inconsistente con los derechos humanos Qué reglas, qué leyes interfieren con la capacidad de los periodistas u otros para hablar de mandar tuits, poner posts en Facebook, qué está restringiendo y revisar estas reglas. También hay normas constitucionales y creo que una revisión general de toda la legislación ecuatoriana sería muy valiosa para que las personas puedan ver en qué formas la ley interfiere con la expresión.

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¿En la Constitución también hay disposiciones a revisar en este sentido?
Creo que sí hay, creo que es la disposición que da a las personas un derecho en contra de los medios para demandar que el medio corrija alguna información en el mismo sitio donde se publicó la parte original. Te están forzando a ti a hablar, no sé si es que es una protección constitucional y si sea consistente con los derechos humanos.

Ustedes están llamando al Gobierno a que no permita la renovación automática de frecuencias. ¿Por qué?
Escuché mucho la semana pasada sobre cómo hubo procesos viciados o errores en el último concurso y si realmente es genuino que el Gobierno está repensando cómo debe haber una distribución equitativa de las frecuencias para promover una expresión diversa, se lo debería hacer desde el inicio y no tener los intereses privados de antes. (I)