Nueva Esparta, un archipiélago turístico que incluye Margarita, está cada vez más aislado. Unos diez vuelos y dos salidas por vía marítima desde esta isla conectan este estado insular con tierra firme. Los once barcos de la empresa Conferry están fuera de operaciones por falta de inversión y mantenimiento.

“La situación es grave, tanto por la movilización de pasajeros como por el traslado de todos los insumos que requiere Margarita”, dice al diario El Universal el presidente de la Cámara de Turismo, José Ignacio Casal.

La situación en Nueva Esparta es uno de los múltiples escenarios de crisis que viven los venezolanos en otros estados y que aseguran se ha agravado desde agosto, cuando el presidente Nicolás Maduro anunció un paquete de polémicas medidas económicas de su plan de ‘recuperación y crecimiento’.

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La reconversión monetaria, una de esas medidas, solo disparó la hiperinflación, a tal punto de que los precios suben 4 % cada día, pese a que el Gobierno fijó precios a productos como carne, pollo o huevos y emprendió operativos de captura contra empresarios que no respeten dichos precios.

El diputado de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Ángel Alvarado, dice que el salario mínimo, 1.800 bolívares soberanos, solo alcanza para adquirir ocho productos.

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, el precio de la canasta básica se ubicó en agosto en 7.362 bolívares soberanos, lo que implica al menos 4,09 salarios mínimos para lograr adquirirla, publica analitica.com.

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La medida también acentuó el desabastecimiento de alimentos. Ganaderos indican que, por ejemplo, el precio del kilo de la carne no cubre los costos de producción. “El desabastecimiento no va a ser por precio, sino por la falta de materia prima”, dice el productor agropecuario Heriberto Labrador, quien agrega que los precios de insumos subieron en el 120 %.

Las nuevas tablas salariales, otra de las medidas, preocupan a empresarios y trabajadores que no han cesado en protestas diarias de rechazo. Los nuevos precios de la gasolina y el funcionamiento del subsidio para los diversos sectores que debe anunciar el Gobierno son otra angustia para los venezolanos.

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Ante la Organización Internacional del Trabajo, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, dijo que en Venezuela el trabajo no tiene futuro. Con el éxodo de casi dos millones de venezolanos, la fuga de talentos en las industrias alcanza el orden de 30 %.

Además, el Gobierno tiene plazo este mes para pagar $ 840 millones por la deuda de Citgo, la petrolera, propiedad de PDVSA, en Texas, EE.UU.

Según un estudio de Heritage Foundation, Venezuela está en el último lugar entre las naciones del continente con peores indicadores de libertad económica, incluso por debajo de Haití, publicó talcualdigital.com.

“Con la economía a punto de colapsar y el Gobierno aferrándose tenazmente al poder, las reformas tan necesarias no serán abordadas por un régimen que se ha mostrado reacio o técnicamente incapaz de sacar a Venezuela del borde de la bancarrota”, refiere.

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En su último informe titulado Sobre incertidumbre y cisnes negros: ¿Cómo lidiar con riesgo en América Latina y el Caribe, el Banco Mundial indica que la situación sigue complicada. El país tiene un déficit fiscal de cerca del 20%.

El descontento también va en aumento. Un sondeo de la firma Hercon Consultores revela que el 82,4 % de los encuestados opina que las cosas en el país no han mejorado con Maduro y el 78,5 % considera que el mandatario debe salir del poder. El 83,3 % dice que la crisis económica ha empeorado en comparación con 2017.

En su último informe, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) apuntó que el país vive una emergencia humanitaria sin precedentes, con la gravedad de que tiende a agudizarse.

La ONG reveló que en lo que va del año se han registrado 8.372 protestas y que solo en agosto se dieron 894, un promedio de 30 diarios, la mayoría en rechazo a las las medidas económicas del Gobierno. La mayoría de manifestaciones se dieron para exigir derechos sociales o reclamar por el colapso de servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico. (I)