María Alejandra Vicuña cumple un año en la Vicepresidencia y hace una evaluación de su gestión en temas que le delegó Lenín Moreno: reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto, economía popular y solidaria, el trabajo del IESS y la implementación de la consulta del 4 de febrero.

Con Jorge Glas había unos 230 empleados en la Vicepresidencia. Cuando usted llegó bajaron a 140 y ahora hay 180. ¿Por qué?

La Vicepresidencia era una institución bastante grande por las funciones que tenía el exvicepresidente. Al retirárselas, disminuyó, entramos con 19 personas para trabajar en territorio e impulsar la consulta. Cuando la situación se regularizó, en enero, presentamos una estructura básica… Pero es mucho menos comparado con el anterior cuando había 30 asesores. Ahora tengo 4; y se redujo 45% el nivel jerárquico superior. Hubo una reducción de 37 puestos. (Ahora) Quedan 197 personas de 234.

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¿No sigue siendo mucho en tiempos de austeridad?

Hay gente de nombramiento que no se pueden dejar sin empleo. Glas tenía dos funciones: la reconstrucción y el comité de la producción; ahora tenemos cuatro.

¿Qué avances hay en la reconstrucción?

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Anteriormente se avanzó de forma importante pero no suficiente. Uno de los principales problemas que nos encontramos fue una inadecuada articulación entre las instituciones del comité y la exclusión de Esmeraldas como provincia afectada; una de mis primeras decisiones fue incorporarla, evaluamos hacerlo con dos GAD de la provincia. Eso permite darle un peso a esa provincia que no se benefició tanto como Manabí, y por eso se hizo una reprogramación de obras. Lo más importante ha sido destrabar obras inconclusas. De enero a la fecha se han entregado 32 obras por más de $ 197 millones, entre nuevas y paralizadas que tenían entre 60% y 80% de avance.

La Comisión Anticorrupción de Manabí denunció en su momento irregularidades en la ejecución y contratación de obras. ¿Usted halló indicios de manejos corruptos del anterior gobierno?

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Antes de presidir el Comité, yo fui ministra de Vivienda. Y había procesos que, por lo menos, eran irregulares. Lo que hicimos es pasar la información a las entidades de control: había contratistas incumplidos, contrataciones no apegadas a la ley y demás...

¿Cuánto se ha invertido en la reconstrucción?

Hasta la fecha, se han invertido $ 600 millones en obras entregadas; $ 585 millones en obras en ejecución; y cerca de $ 800 millones en proyectos por iniciarse (correspondientes a este Gobierno).

¿Qué está haciendo el Gobierno para pagar la deuda con el IESS?

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Se está haciendo el cruce de cuentas, sobre todo con el Ministerio de Salud; ya ha habido reuniones y se realiza un proceso de auditorías.

Todos los gobiernos ofrecen en campaña pagar la deuda del IESS y cuando llegan al poder ponen peros.

Pero es que no se puede pagar alegremente lo que dicen. Hay que revisar todo y hacer auditorías que permitan determinar cuánto es y en eso se ha avanzado muchísimo, un equipo técnico trabaja en ello. Se ha ido pagando, en especial las derivaciones a la red pública de salud. Se acaban de dar $ 40 millones a la Junta de Beneficencia y a Solca.

¿Y cuándo se conocerá esta auditoría? Hace unos años se hablaba de una deuda de $ 1.700 millones.

Otros dicen $ 1.800, otros $2.500… No pasa por el “creo que es tanto” porque son recursos públicos.

¿Se cumplió el objetivo del Gobierno con la consulta?

Sin duda. Cumplimos con la conformación del CPC de una forma amplia y democrática, que no se pertenezca a ningún partido político ni al Gobierno de turno, sino con base en los nombres que dio la ciudadanía. Son esos miembros los que tendrán que rendir cuentas si lo que hicieron estuvo o no apegado al mandato popular. Se ha hecho un trabajo importante, siempre perfectible y quizás con algunos errores.

¿Y qué visión tiene usted?

Creo que se hizo un trabajo importante, pero me parece –y ese es mi criterio personal– que la evaluación de la Corte Constitucional no estuvo apegada al mandato popular, y en eso estoy de acuerdo con el vocal Xavier Zavala.

¿Cree usted que eso podría generarle demandas internacionales al país?

Es una posibilidad, y que el Gobierno haría el proceso de repetición. Yo coincido con Zavala. Pero eso no quiere decir que los vocales de la Corte actuaron de forma correcta, pero esa evaluación no le correspondía al CPC transitorio. En términos generales, la ciudadanía aprobó una evaluación y ese objetivo se cumplió. Pero creo que hay que acelerar los procesos de conformación de las entidades evaluadas porque en la Constitución no se habla de organismos encargados.(I)