Con el objetivo de denunciar supuestos atropellos en su contra, una delegación de policías, agentes de tránsito y militares afectados por juicios -tras la revuelta del 30 de septiembre del 2010- llegó hoy a Manta a exponer a la ciudadanía y denunciar públicamente lo que ellos consideran fue un perjuicio para sus actividades normales.

Los afectados responsabilizaron al expresidente Rafael Correa de supuestamente perjudicarlos.

Gerardo Zapata, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del 30 de septiembre, dice que se habían judicializado tras ese hecho a 904 policías, pero que luego de tres años de esa revuelta la cifra se incrementó a más de 1.500; agrega que algunos fueron sentenciados, otros fueron separados por ámbitos administrativos y  ahora han presentado a varios organismos de justicia un informe sobre estos hechos en donde se señalaría que las sentencias no tendrían motivo.

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“Como lo manifiesto en este informe se revela prácticamente toda la farsa que se hizo el 30 de septiembre porque ahí se determina que los videos fueron editados, que los informes fueron cambiados, que se compraron testigos, que se gastaron cientos de miles de dólares para forjar documentos y para inculpar inocentes”, relató Zapata.

Tras ese hecho seis personas fueron sentenciadas por tentativa de magnicidio. Uno de ellos fue Luis Guanotaxi, exagente de la Policía Judicial, quien hace poco salió de la cárcel amparándose en una prelibertad.

Enrique Avilés, exempleado administrativo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, también estuvo en Manta denunciando lo que él considera fue un desacierto vincularlo en ese hecho por reclamar algunas demandas.

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En Manabí, 46 personas fueron vinculadas por el 30-S, según indicó Guido Aldaz, quien junto a otras cuatro personas fueron sentenciados a un año de cárcel y que desde que se los asoció a ese hecho no  han podido recuperar el trabajo. (I)