Su bajo presupuesto es la principal amenaza para Iniap

El presupuesto de inversión para el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) se redujo de manera abrupta en los últimos cuatro años. En el 2015 era de $ 20,6 millones, para el 2017 bajó a $1,9 millones. Y este año, ese rubro estaría en el orden de los $ 6,03 millones, incluyendo la cooperación internacional.

La estabilidad del presupuesto, según el director ejecutivo del Iniap, Juan Manuel Domínguez, es uno de los pilares que la entidad busca fortalecer. En los últimos cuatro años han pedido recursos para proyectos de investigación, pero recibieron un tercio de lo solicitado. Así, la investigación se han visto seriamente reducidas.

El Iniap, creado hace 59 años, con una planta de 867 empleados (73% de perfil técnico), siete subestaciones de investigación, enfrenta desafíos que van desde la propuesta de cambio de nombre, bajo presupuesto, hasta amenazas de denuncias de corrupción. Y se ha conocido la intención de asambleístas de fiscalizarlo.

Este Instituto de derecho público y adscrito al Ministerio de Agricultura podría sufrir algunos cambios con el proyecto de Ley de Fomento de Desarrollo Agropecuario que se tramita en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, presidida por Ricardo Zambrano (Alianza PAIS). En un primer borrador, que ha tenido críticas, se le cambia de nombre a Instituto Público de Investigación Agropecuaria y se traslada la sede que actualmente es Quito a Yahuachi.

En primera instancia, este cambio generó preocupación, pues se entendió por algunos sectores que se quería desaparecer al Iniap. El asambleísta Zambrano asegura que no existe tal riesgo y más bien se buscaría su fortalecimiento. Entre las iniciativas para ello está la modificación de la estructura del directorio, en el que se incluirían representantes del Senescyt, universidades y las cámaras de la Producción. Se ha tomado la estructura que consta en el Código Ingenios para los institutos. Otro tema, dice Zambrano, es darle la posibilidad de que se pueda fondear con recursos que no sean solo del presupuesto del Estado, y se le da la posibilidad de acceder a dineros de organismos internacionales. Adicionalmente, se le daría una agenda de investigación de largo plazo.

Domínguez considera que el cambio de nombre y el de sede no son los temas que podrían cambiar de manera profunda a la entidad, por lo que más bien han empezado a trabajar con la Comisión en cinco ejes. El primero, justamente, es generar una estabilidad presupuestaria. Para ello se propone que se determine un 1% del PIB agrícola para financiar la innovación agrícola e investigaciones del Iniap. Y se busca que lidere el sector de la innovación. Otra de las propuestas es que se apliquen incentivos para la investigación, exonerando de impuestos y aranceles a este campo y que se destrabe el acceso a fondos internacionales que se ofrecen para la investigación científica. Se ha pedido que se revise el escalafón del personal de investigación.

Para Carlos Alberto Orlando Toala, catedrático universitario y experto en temas agropecuarios, la propuesta de reforma propuesta por la Asamblea no contribuye a una verdadera mejora en el sector agrícola. Compara el cambio de nombre del Iniap a lo que ha sucedido con BanEcuador y el Banco de Fomento, que a su parecer no logró solucionar los problemas de origen. El experto pide incluir en el directorio a representantes directos de los agricultores y del sector ganadero.

Adicionalmente, la Comisión elevó a moción la posibilidad de hacer una fiscalización a la entidad, luego de que exfuncionarios del Iniap hicieran denuncias verbales a esta instancia.

Sobre el tema de las denuncias, Orlando Toala explica que existen interrogantes sobre el destino de una biofábrica que contaba con un financiamiento de $ 50 millones, pero que hasta ahora no se ha concretado. Sobre el particular, el director del Iniap asegura que esta entidad no es el ente ejecutor de la obra y que solo había acordado una entrega en comodato de los terrenos para que ahí funcione la planta de bioinsumos.

El borrador del proyecto estará listo en estos días para que lo discuta el pleno. (I)

Reformas

El Iniap pasaría a ser Instituto Público de Investigación Agropecuaria (IPIA).

La sede se trasladaría de Quito a Yahuachi, cantón de la provincia del Guayas.

A su directorio se sumarían representantes del Senescyt, universidades y las cámaras de la Producción.

Que acceda a recursos de organismos internacionales, no solo del presupuesto estatal.

Se le daría una agenda de investigación de largo plazo.