El Partido Social Cristiano (PSC) posesionó este sábado a la directiva provincial de Pichincha, que estará presidida por Gustavo Pérez Darquea, un exsecretario del alcalde de Guayaquil y líder de la agrupación Jaime Nebot, cuando este era diputado en el extinto Congreso Nacional.

El acto se convocó a las 10:00 en un coliseo al norte de Quito, a la que llegó Nebot, pasadas las 11:15, acompañado de Pascual del Cioppo, presidente nacional del PSC, y en donde lo esperaban asambleístas, dirigentes y la militancia, e incluso, el exvicepresidente de la República, Blasco Peñaherrera Padilla.

Pérez, y el vicepresidente, Eduardo Chávez Palacios, junto a otros miembros de la directiva, fueron electos por 'aclamación', y con la presencia de un delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE) provincial.

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En su discurso de posesión, Pérez hizo una autocrítica al funcionamiento de los partidos políticos, por lo que planteó una renovación y transformación del partido. "Debemos ser una agrupación amplia y pluralista donde todos tengan un espacio y una oportunidad de ser escuchados y participen de las decisiones que pretenden resolver sus problemas".

También habló de la necesidad de un "líder" que "levante la voz" por Quito, y "recupere la autoestima de los ciudadanos".

Nebot tuvo una alocución más extensa, pero inició aclarando que la elección de esta directiva se hizo con la participación de un "tejido social", porque "así funcionan los partidos serios".

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Coindició con Pérez, en criticar a las agrupaciones políticas, pues cree que "son tolerados, pero no necesariamente comprendidos ni queridos", y consideró que el desafío es que los partidos sean "instituciones serias".

Exclamó que esta es la "hora de la apertura, porque la gente quiere ser representada, no utilizada; quiere ser servida, no que se sirvan de ella".

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Cuestionó a la Asamblea Nacional por no dar tratamiento a su proyecto de ley para el Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana, que había contado con el respaldo de 81 firmas de legisladores de distintas bancadas, indicó.

Lleva "ocho meses" a la espera de un debate, por lo que se preguntó "¿qué intereses bastardos hay por detrás?". "Se han demorado ocho meses, y pronto van a salir con que el proyecto es inconstitucional. Esto no es cuestión de regresión de derechos, sino de regresar los derechos al pueblo", expresó.

La normativa, que plantea reformas al Código Integral Penal, buscaría, explicó el burgomaestre, evitar que los involucrados en actos criminales salgan de inmediato de las cárceles. (I)