El actual Consejo de la Judicatura (CJ) denunció supuestas irregularidades en los contratos de consultoría (estudios y diseños), obra y fiscalización para la construcción de los complejos judiciales en el periodo 2011-2013, del Consejo de Transición liderado por Paulo Rodríguez.

Estos contratos se suscribieron tras la declaratoria de emergencia de la Función Judicial en el 2011. De un total de $304 millones contratados en ese periodo, fue analizada una muestra de alrededor de $ 50 millones, en los que se encontraron irregularidades que van desde los sobreprecios, hasta adjudicaciones a familiares del extitular Paulo Rodríguez, nexos familiares entre empresas, plazos mínimos para realizar consultorías y adjudicaciones a un mismo contratista.

Estas anomalías derivaron en problemas como retrasos, suspensiones, construcciones deficientes, impedimentos para la liquidación y cierre de contratos, terminaciones anticipadas y procesos judiciales en marcha, demandas cruzadas por terminación unilateral.

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Respecto a los sobreprecios, la Dirección de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura determinó que hubo incrementos en cuatro complejos judiciales: Latacunga, Guayaquil Norte (La Florida) y Otavalo, del periodo de Rodríguez, y el de Quito Norte, del periodo de Gustavo Jalkh.

El de Latacunga tendría un sobreprecio de 72%, pues fue construido por $ 7,1 millones, cuando debió costar $ 1,9 millones. El de Guayaquil Norte (La Florida) registraría un sobreprecio de 51%, pues costó $ 34,7 millones, pero debía costar $ 17 millones. El de Otavalo costó $7,7 millones, pero su precio debió ser de $ 3,2 millones, registrando un excedente del 58%, y el de Quito Norte tendría un sobreprecio del 28%, pues costó $ 55,8 millones y el gasto real debió ser $ 40,1 millones.

En consultoría, se realizaron 56 contratos para 111 proyectos, entre 2011 y 2014. Se dio el plazo de quince días para entregar permisos de construcción y hasta plazos aprobados, “imposibles de cumplir”. Hay casos en que se dieron 60 días de plazo, pero porque se entregaron 20 contratos a un solo proveedor, con diseños “prefabricados” sin tener ni siquiera los títulos de propiedad, señaló José Cisneros, coordinador estratégico.

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En contratos de obra se realizaron 87 por $ 304 millones y en fiscalización 71 por $ 9,4 millones, sin contar con diseños, estudios completos, propiedad de los predios, permisos de construcción y ambientales.

Esta información fue entregada ayer a la Contraloría y a la Fiscalía. El fiscal general Paúl Pérez señaló que investigarán y coordinarán con la Contraloría que debe establecer responsabilidades.

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La Contraloría tiene atribuciones constitucionales para analizar contratos de hasta siete años atrás. (I)

60% de sobreprecio
existiría en un total de $304 millones en contratos para la construcción de los complejos.