Armando Tabora busca desesperadamente sacar a su hija de un centro de detención de inmigrantes del Gobierno de EE.UU., donde la adolescente permanece desde hace más de tres meses. Pero cada uno de sus intentos ha sido infructuoso.

Este jardinero radicado en la Florida se atrevió a ir a una oficina del Gobierno para entregar sus huellas dactilares y documentos requeridos a inmigrantes que intentan recuperar a niños bajo custodia del Gobierno. No fue suficiente. De inmediato le dijeron que debía pedirle a la mujer que le alquila un cuarto en su casa que también presentara sus huellas dactilares, algo que ella se negó a hacer. Pidió a amigos que viven legalmente en el país que lo ayudaran, pero por temor tampoco quisieron.

“Ya no sé qué hacer (...). Mi hija está desesperada, llorando, quiere salir de ahí ya”, dijo Tabora, hondureño de 37 años que vive desde hace más de una década indocumentado.

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El drama de padres separados de sus hijos en la frontera acaparó la atención este año, pero miles de familias inmigrantes están atravesando una frustración similar: los crecientes obstáculos para tomar la custodia de sus hijos y de familiares menores de edad que llegaron solos e indocumentados. Como parte de una política migratoria mucho más estricta, el gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto normativas más severas y una exhaustiva investigación para que las familias puedan recuperar a estos niños.

Desde octubre de 2014, el Gobierno ha reunido a más de 150.000 menores no acompañados con sus padres u otros patrocinadores que se espera cuiden de ellos mientras intentan obtener un estatus legal.

Autoridades insisten en que las políticas buscan la seguridad de los niños. Pero más de 12.000 menores se encuentran actualmente en refugios, comparados con los 2.400 de mayo de 2017. El promedio de días que esos menores pasan detenidos se ha incrementado de 40 en 2016 a 59 días en 2018.

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Los requerimientos incluyen la entrega de huellas dactilares de todos los adultos que habitan la casa a donde viviría el menor. Son también objeto de una investigación más profunda de antecedentes, pruebas de ingresos monetarios y visitas en sus casas, aseguran abogados.

Esta información puede ahora ser compartida con la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés), algo que no sucedía anteriormente. ICE ha arrestado a 41 patrocinadores de niños desde que se comparte la información, en junio.

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Abogados y activistas dicen que este cambio ha tenido como efecto que menos personas que viven ilegalmente en el país se atrevan a pedir a sus hijos o familiares por temor a ser deportados.

Si los menores no acompañados no son colocados con patrocinadores que cuiden de ellos, pueden acabar en un programa federal de crianza. Algunos podrían ser deportados y devueltos a las mismas situaciones de las que huyeron. (I)