El escándalo sobre los pagos de ‘diezmos’ exigidos por algunos legisladores, según denuncias presentadas, empuja a la Asamblea Nacional a debatir reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

A más de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), hay otras fuerzas políticas que afirman que no hay normativa legislativa para proceder a una autodepuración de ese organismo, por lo que plantean aplicar reformas legales.

Las quejas salpicaron a no menos de diez asambleístas de diferentes bancadas; estas motivaron, incluso, la aprobación de dos resoluciones y la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional para priorizar la auditoría de las cuentas de los funcionarios y asambleístas.

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La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga (antes de AP), reveló que existen diez proyectos de reformas a la Ley de la Función Legislativa, y que al momento están sometidas a discusión.

Destacó que los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas debe incorporarse en la ley, así como permitir a los funcionarios legislativos que realicen las denuncias garantizando su estabilidad.

Fernando Burbano (IND) comentó que el Legislativo requiere un cambio y que se debe trabajar en cuatro ejes: control político eficiente, que el pleno recupere la dirección de la Asamblea, establecer una asistencia técnica para aprobación de leyes y la integración de una Comisión de Ética.

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“La salida de la Asamblea es usar esto, que es vergonzoso, como una posibilidad para fortalecerse”, subrayó. (I)