La Contraloría, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico priorizarán las auditorías a las cuentas bancarias de asambleístas y empleados a contrato para determinar responsabilidades dentro de las denuncias presentadas sobre supuestos cobros de diezmos.

Esa prioridad es parte del convenio de cooperación interinstitucional de lucha contra la corrupción que ayer suscribió la Asamblea Nacional en su búsqueda de una purga que dependerá de esos informes.

Para ello, las tres instituciones, más la Asamblea, se comprometen a establecer un plan que permita esclarecer los hechos que involucran a la Función Legislativa; para ello priorizarán la entrega de información. Aunque no se establece el plazo para la presentación de los informes, el convenio suscrito durará un año.

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Ayer se presentó una nueva denuncia en la Fiscalía, esta vez contra el representante de Galápagos, Washington Paredes (SUMA). Su exasistente José Revelo Panchana aseguró que desde el primer mes que comenzó a trabajar en mayo del 2017 le exigía el 10% de su sueldo, y asegura que hace lo mismo con sus otros colaboradores. Además que pagaba de su sueldo los servicios básicos del departamento que compartía con el legislador, a más de la compra de alimentos, cuando el legislador percibía $ 1.259 de bono por vivienda.

Denunció que le pedía que hiciera depósitos mensuales de $ 128 a una cuenta bancaria, y aseguró que lo desvinculó del cargo hace seis meses.

El legislador dijo que no conoce la denuncia; que Revelo tendrá que probar sus afirmaciones. Y que hace dos días recién abandonó el departamento. Considera que su denuncia responde a una influencia de quienes él fiscaliza como el Consejo de Gobierno de las Islas y al Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz. Afirmó que nunca le solicitó aportes, e incluso le hizo ahorrar en vivienda y alimentación en su departamento, porque no pagaba nada y tenía todo. (I)