Que las partes tengan tiempo para que conozcan los fundamentos de los dictámenes abstentivos a favor del general Fausto Tamayo y del agente de inteligencia Jorge Espinosa, y evitar problemas generados en una nueva foliatura del expediente del caso, fueron las razones que obligaron ayer a la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, suspender la audiencia preparatoria de juicio por el secuestro de Fernando Balda.

La suspensión se produjo a solo 40 minutos de instalada la diligencia. Camacho llamó la atención a la Fiscalía por haber entregado su dictamen abstentivo a las 08:49 de ayer, poco antes de la diligencia (10:00).

La jueza explicó que después del tercer diferimiento en esta causa, el fiscal general Paúl Pérez tuvo más de un mes para hacer saber de su decisión a las partes. En tanto que el representante del Ministerio Público rechazó el llamado de atención y aclaró que no ha infringido ninguna norma; y sobre la abstención a favor de Tamayo y Espinosa manifestó que no existían suficientes elementos para acusarlos.

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Pese a que la jueza Camacho, al inicio de la audiencia, prohibió que se emitan ofensas contra presentes o ausentes, dos expresiones contra el fiscal Pérez de parte de Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa que también es procesado como autor mediato, rompieron la relativa tranquilidad.

Balda airadamente pidió se desaloje de la sala a Ochoa por no solo insinuar que Pérez era un representante ad hoc de la Fiscalía, sino por ironizar que Pérez “dice ser fiscal general”.

Desde el público, correístas le gritaron a Balda “cállate ladrón”. El incidente terminó con el desalojo de un hombre que amenazó a Felipe Rodríguez, defensor de Balda.

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Antonio Ingroia, exfiscal antimafia italiano y parte de la Veeduría Internacional traída por el correato, calificó de una “cosa absurda y una vergüenza” el que Balda haya pedido expulsar a Ochoa por una frase muy suave como “fiscal ad hoc”.

La jueza Camacho resolvió que la audiencia se reinstale el próximo viernes 21 de septiembre y además dispuso que esta se dé trámite al procedimiento abreviado que solicitaron los agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón. Ellos, dice su abogado Diego Chimbo, cooperaron con la Fiscalía con la entrega de información relevante.

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Una vez emitido el abstentivo contra Tamayo y Espinosa y que se resuelva el viernes la situación de Chicaiza y Falcón, quienes buscan beneficiarse con una rebaja de pena, solo quedarían en el proceso el expresidente Correa y el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero.

De existir un dictamen acusatorio de la Fiscalía contra ambos y que esto conlleve a un llamamiento a juicio, la causa no avanzaría a la siguiente fase, pues los delitos de asociación ilícita y el plagio (secuestro) que se investigan en este caso, son infracciones que no pueden ser juzgadas en ausencia.

Correa vive ahora en Bélgica y Romero en España, y contra ambos hay pedidos de extradición en proceso.

Sin pedido de Interpol

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Christophe Marchand, abogado de Correa en Bélgica, dijo ayer que ese trámite ha sido suspendido en la Interpol. Comentó que una vez conocieron de la orden de detención internacional, enviaron documentos a la institución, en Francia, para parar ese pedido.

“Interpol ha suspendido la demanda de Ecuador. Eso es algo muy excepcional, no ocurre mucho...”, dijo el abogado belga de Correa.

Sin embargo, Rodríguez dijo que eso es falso y pidió a Marchand que presente el documento que evidencia lo que dice. “El tema será recién tratado el próximo mes. Es decir, el caso de Rafael Correa no ha sido tratado por Interpol...” (I)