El Gobierno remitirá este jueves un nuevo proyecto de Ley Anticorrupción a la Asamblea, descartando el que fue aprobado por los legisladores y cuyo plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre la aprobación o veto parcial o total se cumplía este viernes.

La iniciativa del Ejecutivo tiene siete objetivos o ejes, según lo anunció el presidente Lenín Moreno:

1. Incautar los bienes a los corruptos.
2. Facilitar la recuperación del dinero mal habido, quitándolo a quienes lo robaron.
3. Agilitar los procesos de repetición (cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos).
4. Dar una recompensa a quienes brinden información cierta y comprobable sobre dónde está el dinero y los bienes robados.
5. Consiste en facilitar que aquellos que participaron en un soborno puedan denunciar -por una vez, sin sanción- a los funcionarios que cogieron esos recursos.
6. Proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o acoso.
7. Propone que, a partir de la aprobación, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan tendrán un plazo de noventa días para informar quiénes son los verdaderos propietarios y si lo hacen en ese plazo no serán castigados por enriquecimiento injustificado.

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Además, Moreno hizo un llamado a fiscales y jueces para que “no se repita la historia en los temas de corrupción”, dijo que tenemos un “código (Código Orgánico Integral Penal) lleno de delitos que no se persiguen”: solo se ha sancionado a cinco personas por enriquecimiento privado injustificado y a una por enriquecimiento ilícito.

Como una acción concreta anticorrupción, el Gobierno pone a disposición de la ciudadanía la línea 1800-Delitos para recibir información sobre bienes mal habidos y testaferros.

Con 107 votos a favor y una abstención, la Asamblea Nacional aprobó el 14 de agosto, la Ley de Lucha contra la Corrupción, que pretende combatir los delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y hasta testaferrismo, entre otros.

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Uno de los puntos señala que a quienes estén siendo procesados en este tipo de casos se podrá "ordenar el comiso de bienes, aunque no exista sentencia condenatoria". Luego se remitió al Ejecutivo para su aprobación o veto.

Pedido de Montúfar

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El exasambleísta César Montúfar había pedido al presidente que vetara la Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción el pasado 10 de septiembre.

Montúfar acudió al Palacio de Carondelet para dejar una carta a Moreno en la que señalaba que, si la Ley se aprobaba, el exvicepresidente Jorge Glas podía salir libre.

“Esta es una ley con dedicatoria para liberar a Jorge Glas (sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht), para permitir que la impunidad siga reinando en Ecuador”, dijo. (I)