Congreso de Chile aprueba Ley de Identidad de Género

La Cámara de Diputados chilena aprobó este miércoles la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio de nombre y sexo para mayores de 18 años y de menores entre 14 y 18 con autorización de los padres o tutores legales.

Aprobado con 95 votos a favor y 46 al final de un acalorado debate en el parlamento de Valparaíso, el proyecto ya había recibido la luz verde del Senado a principios de septiembre.

Cuando entre en vigor, los mayores de 18 años solteros podrán cambiar de nombre y sexo con un simple trámite en el Registro Civil y los casados en un tribunal de familia.

En el caso de los adolescentes de entre 14 y 18 años tendrán que recurrir a un tribunal de familia y necesitarán estar acompañados de al menos uno de sus representantes legales o tutores. Si no cuentan con ello, podrán pedir la intervención de un juez para que determine si procede la solicitud.

Los menores de 14 años han quedado fuera del proyecto final ante la oposición en las filas conservadoras.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, argumentó la decisión de sumar el permiso de un tutor para los adolescentes que deseen cambiar su nombre y sexo afirmando que de esta manera se "resguarda y protege".

Al Ejecutivo

La ley debe ser sancionada por el presidente, el conservador Sebastián Piñera, aunque todavía puede enfrentar algunos obstáculos ya que legisladores conservadores que se oponían al proyecto no descartan impugnarla ante el Tribunal Constitucional (TC).

"Estamos en presencia de un hecho histórico, que festejamos con mucha emoción y alegría porque se mejorará la calidad de vida de miles de personas que han visto postergada su dignidad y derechos solo por prejuicios en relación a la identidad de género", reaccionó el dirigente trans del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) Álvaro Troncoso.

En la actualidad la comunidad transgénero utiliza una antigua ley de cambio de nombre. Si bien en la mayoría de los casos se acepta el cambio al realizarse ante tribunales civiles exige el patrocinio de un abogado, lo que tiene un costo económico asociado. (I)