Como preocupante, así calificó César Montúfar, acusador particular del exvicepresidente Jorge Glas en el caso Odebrecht, sobre el proyecto de Ley Lucha Contra Corrupción, el cual fue aprobado con 107 votos afirmativos en segundo debate el pasado 14 de agosto.

El proyecto, entre las reformas, dispone en el literal F, del artículo 1, que se sustituya el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal sobre el delito de asociación ilícita.

Así quedaría en caso de aprobarse por el Ejecutivo:

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“Cuando dos o más personas se asocien con el fin de planificar la comisión de delitos sanciones con pena privativa e libertad de menos de cinco años, cuya materialidad se manifieste a través de actos que evidencien la pretensión de su ejecución, y que no constituyan tentativa, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si se ha consumado se aplicará la pena que corresponda al respectivo delito”.

Para Montúfar, en caso de concretarse la sustitución de ese artículo se estaría abriendo la posibilidad de que Jorge Glas quede en libertad. “Con la aprobación o la sustitución del tipo penal de asociación ilícita se está abriendo la puerta, para que una vez que se supere la etapa de casación en la que se encuentra el juicio de Jorge Glas y otros, los abogados puedan argüir, basándose en el principio de favorabilidad, se extinguiría la pena y él pueda salir inmediatamente en libertad, aquello sería una burla al pueblo ecuatoriano”, explica.

Ante este argumento, Montúfar mencionó, durante una entrevista en Ecuavisa, que enviará una carta al presidente Lenín Moreno indicándole que “a nombre de la ética” vete el proyecto y se luche en contra de la impunidad en el caso Odebrecht.

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“Lo que se busca es cambiar el tipo penal, se extinga la pena y pueda salir libre. Los asambleístas le deben una explicación al país”, dijo y les preguntó “¿Cómo se pudo aprobar una reforma a un artículo tan importante?".

Montúfar manifestó que si el mandatario no veta el proyecto de ley, “en realidad podría consumarse en el Ecuador un monumental acto favorable a la impunidad”.

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Jorge Glas fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita.

Respuesta

La Comisión de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, respondió a las declaraciones de César Montúfar y aclaró que dicho proyecto en la figura de asociación ilícita no se busca impunidad, ni se cambia las penas más bien se precisa la tipificación.

Sobre las declaraciones del Sr. César Montúfar, respecto del Proyecto #LuchaContraCorrupción , aclaramos lo siguiente:@marcelaguinaga @FrankSamaniegoM @henrycucalon @LourdesCuestaO @ElioPk18 @lftorrest @kharlachavez @liradelapaz pic.twitter.com/3TsFHvXckJ

El comunicado firmado por Marcela Aguiñaga, presidenta de la comisión, aseguró que Montúfar está desinformando y rechazó que se politice el proyecto. “Indicamos que se acogió parte de la propuesta del exdefensor público, Ernesto Pazmiño, misma que fue presentada en el 2016, por lo tanto, es ilógico que un texto presentado hace 2 años atrás se haya entregado con la intención de favorecer a una persona sentenciada en el 2018”, comunicó.

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Henry Cucalón (PSC), miembro de la Mesa de Justicia, aclaró que Montúfar, que fue acusador particular de Glas, está “profundamente equivocado”, porque no se ha modificado la pena, y pretender mezclar ese tema con el caso es improcedente e incorrecto; por lo tanto, “la Comisión y la Asamblea han hecho lo correcto”.

Aclaró que en la reforma se precisa la tipificación de lo que es la asociación ilícita para que no se confunda con cualquier tipo de asociación; por lo tanto, se mantiene el tipo penal y la pena. Es un delito autónomo.

Eliseo Azuero (BIN) dijo que hay que “asumir los errores” y afirmó que votó a favor porque creyó que el informe estaba bien analizado. Ahora dice que se debe pedir al Ejecutivo el veto parcial. (I)

Detalles

El 14 de agosto de 2018 se aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción con 107 votos. Se reforman 6 leyes, para lo cual la Comisión de Justicia recogió 16 propuestas presentadas por legisladores e instituciones públicas. El documento está en el Ejecutivo para veto o sanción. (I)