“El laudo arbitral jamás puede invalidar una sentencia emitida dentro de Ecuador”. Esa fue la primera respuesta que representantes de la Unión de Afectados por Texaco (ahora Chevron) dieron a la orden emitida por un tribunal internacional para que Ecuador deje sin efecto el fallo de la Corte de Lago Agrio, que obligaba a Chevron a pagar $ 9.500 millones a los afectados de la contaminación que dejó en la Amazonía.

El constitucionalista Rafael Oyarte cree que las dos opciones que tiene Ecuador en este caso, acatar o no la decisión del tribunal arbitral, le generan dificultades al país.

Advierte que mantener la ejecución del fallo ecuatoriano implicaría que sea el Estado el que tenga que asumir la indemnización. “Lo que nos dicen es que si a Chevron en cualquier lugar del mundo le hacen efectiva la sentencia de Ecuador y se ve obligado a hacer pagos, esos pagos los debe devolver Ecuador a la petrolera”.

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Farith Simon, catedrático universitario, reconoce que la decisión puede tomarse por parte del tribunal internacional, pero la cuestión aquí, dice, es cómo puede ejecutarse cuando no hay los mecanismos para hacerlo. Desde ese punto de vista él ve jurídicamente complicado que este punto se pueda cumplir internamente.

Simon cree que la posibilidad de ejecutar o no la orden del tribunal está en manos de la Función Judicial. En ningún caso, aclara, deberá ser el Poder Ejecutivo el que lo haga.

R. Hewitt Pate, vicepresidente y director legal de Chevron, resaltó que el laudo ordena a Ecuador a tomar medidas para poner fin a su “conducta internacionalmente ilícita”, lo que incluye tomar medidas bajo su derecho interno para impedir que los demandantes u otros interesados ejecuten esa sentencia. (I)