(Actualizado a las 21:30)

Tras nueve años de análisis, un tribunal internacional bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya determinó este viernes que Ecuador es responsable por “denegación de justicia” dentro de un arbitraje planteado por las petroleras Chevron-Texaco en contra del Estado ecuatoriano.

El tribunal argumentó, entre otras razones, que Ecuador violó el trato justo y equitativo contenido en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos y que incumplió laudos arbitrales previos que establecían medidas cautelares a favor de la compañía.

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Ordenó dejar sin efecto la sentencia de la Corte de Lago Agrio, que obliga a la multinacional a pagar $ 9.500 millones a supuestos afectados de comunidades amazónicas. Esto porque aceptó el reclamo de la compañía respecto a que los abogados de los demandantes prometieron pagos al juez del caso a cambio de redactar partes de la sentencia.

Además, resolvió que se tomen las medidas necesarias para evitar ejecutoriar esa sentencia y reparar los daños que llegare a causar la ejecución de ese fallo local.

El procurador general, Íñigo Salvador, explicó que el fallo no fija una cuantía de indemnización que Ecuador deba pagar a Chevron, ya que la fase de cuantificación del daño que se deba resarcir se iniciará dentro de 90 días y duraría varios meses. Las partes presentarán escritos planteando sus pretensiones.

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Salvador agregó que este tipo de resoluciones no prevén ningún recurso de apelación, sino de interpretación o aclaración que están analizando presentarlo. No obstante, el derecho interno de los Países Bajos sede del tribunal, prevé la acción de nulidad de laudos arbitrales. Esa posibilidad también la están explorando.

Cuando esa acción de nulidad sea aceptada o rechazada el laudo será definitivo. El tiempo estimado del proceso de anulación es de dos a tres años.

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Luego de conocer el fallo, la Presidencia de la República, a través del secretario general, Eduardo Jurado, pidió a la Procuraduría que solicite a la Contraloría que inicie auditorías para establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas en este caso.

“Es prematuro hablar sobre responsabilidades, las responsabilidades las establecen los tribunales, nosotros lo que haremos es entablar las acciones (...) La Procuraduría iniciará las acciones para obtener la repetición de esas indemnizaciones. Sin embargo, tendremos que esperar a que el tribunal establezca el monto para, en función de eso, proceder a establecer responsabilidades e iniciar el proceso de repetición”, aclaró Salvador.

El Gobierno actual responsabiliza a exfuncionarios del anterior por acciones u omisiones. Entre ellas, el pago de varios millones de dólares para la campaña ‘La mano sucia’ de Chevron, que consistió en traer estrellas de cine a visitar campos supuestamente contaminados por la petrolera.

En su cuenta de Twitter, Correa aseguró que el Gobierno actual ha pactado con Chevron. Según el expresidente, uno de los puntos que se acordó en la visita que hizo al país en junio pasado el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fue el caso Chevron.

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Reacciones

Afectados

Para Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados por Texaco (UAT), es preocupante el laudo propiamente dicho así como la posición de la Procuraduría. “Los pueblos indígenas y campesinos que por 25 años hemos litigado en cortes jamás hemos sido parte del arbitraje internacional y el Estado no es parte del juicio que hemos ganado en la Corte Constitucional”, adujo. En consecuencia, añadió, el laudo jamás puede invalidar una sentencia emitida dentro del Ecuador. Por ello anunció que continuarán con sus acciones en cortes extranjeras para validar la sentencia y cobrar los $ 9.500 millones. Fajardo negó que hubiese actos de corrupción en la emisión de la sentencia, pues –alegó– aún hay evidencias de daños ambientales.

Compañía

La empresa estadonidense Chevron celebró el fallo a su favor. A través de un comunicado, sostuvo que el tribunal concluyó unánimemente que la sentencia de $ 9.500 millones dictada en Lago Agrio, en 2011, fue obtenida a través de “fraude, sobornos y corrupción” y se fundamentó en reclamos que Ecuador ya había transado años antes.

Hewitt Pate, vicepresidente y director legal de Chevron, dijo que los funcionarios del poder ejecutivo y judicial de Ecuador en la actualidad son distintos de los que estuvieron involucrados en los eventos a los que se refiere este laudo. “La compañía invita al Gobierno de Ecuador a repudiar este esquema fraudulento y a hacer esfuerzos para cumplir sus propias obligaciones ambientales incumplidas”, dijo. (I)