En la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, varios de sus legisladores ya tienen una presunción: que habría un mal uso de documentos públicos de quienes integraron el Comité Interinstitucional que investigó el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela.

Esta Comisión prevé en estos días presentar un informe preliminar, luego de escuchar en comparecencias de unas catorce personas, que integraron la instancia gubernamental. Esa mesa se creó para investigar la presunta desaparición de un tercer informe elaborado por el perito argentino Roberto Meza, para determinar el móvil y los autores intelectuales de la muerte de Gabela en el 2010,

Para el legislador Sebastián Palacios (SUMA), ese informe será trasladado a la Fiscalía para que se identifique a los funcionarios responsables de una posible “falsificación y forjamiento de documentos. Y otro tipo de fallas”.

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Jeannine Cruz (CREO) va más allá y denuncia que el “comité fue integrado para desaparecer las evidencias” del crimen. A su criterio, los hechos “demuestran que fue un delito de delincuencia organizada, y que terminará en crimen de Estado, porque las instituciones públicas no pudieron responder a un análisis riguroso”.

Anticipa que los exministros que conocieron el informe pericial deberán “responder, quizás, por fraude procesal”, e impulsará una demanda penal.

Tras revisar la documentación desclasificada, Ángel Gende, de Alianza Tsáchila, sospecha que se cometió un “error gravísimo”, como es “alterar un documento público”.

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“El Comité presenta un informe, en el que transcribe el informe de la Contraloría sobre la compra de los Dhruv, y lo alteran manifestando que no se encontró ninguna anomalía en la adquisición de los Dhruv. Pero es lo contrario, porque se establecieron observaciones y recomendaciones”, relató.

Enuncia que la pericia tiene la firma y sumilla de Meza; y, en el “informe del Comité no consta ni la firma ni la sumilla. En el informe final del Comité, se habla de delito común; pero, el segundo informe hecho por Meza, determina delincuencia organizada, por eso considero que el comité alteró el segundo informe del perito”. Esto sería una alteración de documento público, porque lo “mutilaron, y por donde lo veamos hay un delito de ocultamiento” de información, agregó.

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Noralma Zambrano (AP) cuestiona la falta de una cadena de custodia. Relata que cuando pidieron documentos al Ministerio de Justicia, se les respondió que los “archivos (informe final de Meza) no existen en el organismo”. “Me ha llamado la atención la poca seriedad que han demostrado los servidores. Ir a una comparecencia y con desdén decir: ‘No me acuerdo’. No hay actas (de las sesiones del comité) que debieron existir, de estar en un archivo, lo que evidencia su irresponsabilidad”.

Tras la presentación de este primer informe de la Comisión, está previsto que se convoque a los militares que participaron en el Comité de Contratación para la compra de los siete Dhruv.

El presidente de la comisión, César Litardo (AP), confirmó a la Televisión Legislativa que en este mes se investigará esta contratación.

Palacios dice que tendrán que “retroceder para saber qué pasó”; al igual que Cruz, que cree que “tras esto hay algo que descubrir, algo más que movía las cúpulas militares”. (I)

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Investigación sobre móvil de asesinato de general de la FAE

Análisis en marcha
El informe de la Comisión Ocasional Multipardista analiza los documentos del Comité Interinstitucional que creó Rafael Correa en el 2012 para investigar el asesinato de Jorge Gabela. Entre ellos, actas del Comité; contrato con el perito argentino Roberto Meza y las declaraciones de exfuncionarios convocados: Lenin Lara, José Serrano, César Navas, Homero Arellano, Carlos Larrea, Johanna Pesántez, Diego Guzmán, el exmandatario Rafael Correa.

Acciones anteriores
La Asamblea investigó dos veces el proceso, el 2009 y 2015. Y el Estado demandó por daños y perjuicios a la empresa HAL, que vendió los helicópteros, pedía $ 347 millones. De siete naves: cuatro se accidentaron y tres están inoperativas. Un Tribunal de lo Contencioso Administrativo a inicios del 2018 no le dio la razón, pues se consideró que la FAE como “experta” debía “anticipar” las fallas que existían en los Dhruv “e impedir el proceso contractual”.

Tercer informe
El 2013 el Ministerio de Justicia contrató a Meza para que haga una pericia sobre el asesinato de Gabela, y esclarezca si se debió a sus denuncias por la compra de los Dhruv o por delincuencia común. De la consultoría habían surgido tres informes. En el segundo –según Meza– se estableció que el móvil está relacionado con las denuncias; y en el tercero, se determinarían posibles autores del crimen. Ese documento estaría ‘desaparecido’. (I)