Con la optimización institucional, la reducción de subsidios y gastos excesivos, los cambios en empresas públicas, la transparencia en compras públicas, el gobierno de Lenín Moreno planea recortes por $ 2.000 millones hasta el próximo año.

El secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado Béjar, indica que de los $ 62 millones que se ahorrarían con la optimización, $ 40 millones corresponderían a la reducción de 1.500 funcionarios que hacen “actividades redundantes” y los $ 22 millones restantes a gastos anexos como arriendos, servicios, internet y otros.

En la nueva estructura institucional, quedarían veinte ministerios que comprendería seis fusiones, ahí destaca la transformación de la Secretaría de la Política en el Ministerio de Política y Derechos Humanos, absorbiendo al de Justicia, y la única fusión de tres carteras en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, absorbiendo a Hidrocarburos, Electricidad y Minería.

En las empresas públicas, el régimen planea un ahorro por más de $ 300 millones con: liquidación, fusión, traspaso de competencias, alianzas estratégicas y fortalecimiento del giro del negocio, pues la mayoría trabaja a pérdida, según el diagnóstico del Gobierno.

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A liquidación irían: la Empresa Pública Cementera, Ecuador Estratégico, Fabrec, Enfarma y Yachay. A fusión: Petroecuador con Petroamazonas. A alianzas estratégicas: Tame, Correos del Ecuador, Santa Bárbara, Astinave, Ferrocarriles del Ecuador, Flopec. Y a fortalecer el giro del negocio: CNT, CNEL, Celec, Enami, Casa para Todos, Medios Públicos, Empresa Pública del Agua y Unidad Nacional de Almacenamiento. A más de pasar competencias del Centro de Entrenamiento para Alto Rendimiento a la Secretaría del Deporte y el Ministerio de Educación.

Para otros $ 400 millones en ahorro por transparencia en compras públicas, se prevén tres acciones: restricción del uso del régimen especial y ampliación de controles automáticos, ampliación de la participación y concurrencia en el proceso precontractual y reforma integral a la ley.

El diagnóstico en compras públicas es que el 73% se realizó en primera oferta, abusando del régimen especial entre el 2013 y el 2017. Además, cincuenta empresas tienen primera opción de compra desde el Estado a través de la modalidad “único proveedor”.

Buscando ahorro

Luego están los $ 120 millones por subsidios que incluyen la gasolina súper y el diésel industrial, los $ 150 millones en gastos excesivos en el sector público: venta de 1.000 vehículos, gasto en celular, reducción del 30% en viáticos y otros, y un ahorro de $200 millones al bajar el costo de la deuda y el riesgo país.

El economista Alberto Acosta Burneo opina que el ahorro que propone el Gobierno es posible y necesario porque la situación es insostenible, pero se requiere de voluntad política para hacerlo porque tiene un costo político: “Por eso se plantea a través de las reglas macrofiscales que tiene que desaparecer el déficit primario hasta el 2021, entonces el Estado tiene que dejar de gastar alrededor de $ 2.400 millones o, en su defecto, subir ingresos o impuestos por ese mismo valor”.

Jurado dijo que al mismo tiempo que se piensa en reducir gastos, también se está pensando en mecanismos para la generación de ingresos.

Sobre la reducción del número de funcionarios, Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, indica que son alrededor de 600.000 funcionarios en total, que 1.500 es una reducción significativa, que están claros que Moreno heredó una “burocracia inflada porque el expresidente Rafael Correa tomó al sector público como botín político”, pero que el momento en que se suspenden los concursos se quita la posibilidad de saber quiénes eran necesarios para el buen funcionamiento estatal.(I)