Por pedido de la Asociación Víctimas del 30-S, la Contraloría podría iniciar nuevas auditorías al uso de fondos públicos utilizados por el gobierno de Rafael Correa en el tratamiento de la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).

Ayer, el contralor Pablo Celi recibió en su despacho al grupo conformado por civiles, expolicías y exmilitares.

Señaló que varios de sus integrantes podrán acompañar al equipo de auditores en las eventuales investigaciones, pero no precisó aún en qué temas se abrirían los exámenes especiales.

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Al salir de la cita, Óscar Ayerve, vocero de la asociación, señaló que la Contraloría investigaría el uso del dinero destinado a los festejos del 30-S, a la propaganda en medios estatales y a las tareas de la extinta Secretaría de Inteligencia.

También pidió que se “condonen” las glosas establecidas por el organismo de control con respecto a daños ocurridos en distintas instalaciones públicas durante la revuelta.

Fuentes de la Contraloría informaron que los auditores primero deberán determinar cuáles de los pedidos son viables y están dentro de los últimos siete años, tiempo establecido por el organismo de control para iniciar una acción de control.

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Además de Ayerve, quien fue ministro en el gobierno de Lucio Gutiérrez, el colectivo está integrado por Gerardo Zapata, Francisco Guzmán, Humberto Chichande, Ricardo Rengifo, Patricio Simancas, y Patricia Santillán. (I)