Un gran cambio, una transformación parcial o un engaño es como diferentes sectores califican lo que sucede en Cuba, gobernada de facto por el Partido Comunista de la isla desde 1959 y que busca aprobar una nueva Constitución acomodada a los tiempos y nuevos intereses.

El nuevo texto da sustento legal a las reformas económicas iniciadas hace una década por el entonces presidente Raúl Castro, y que han quedado en manos de su sucesor Miguel Díaz-Canel, según AFP.

La percepción de los cambios es poca, para un taxista de La Habana, pero espera que se den para cambiar a una sociedad que, dice, vive “como en una cárcel”.

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El proyecto de Constitución restituye las figuras de presidente de la República y de primer ministro, en vez del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Las empresas privadas y las cooperativas no agrícolas se incluyen por primera vez como actores económicos legítimos. Y los emprendimientos conjuntos, así como otras formas de inversión extranjera, pasan de ser secundarios a ‘importantes’ o ‘fundamentales’. Al mismo tiempo, el Gobierno prohíbe la concentración de la propiedad privada entre los ciudadanos.

El abogado opositor René Gómez apunta que “aunque varios de sus enunciados sean más asimilables, mantiene en lo esencial la misma visión totalitaria de su predecesora”.

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La nueva versión mantiene al Partido Comunista como la “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”, y conserva el carácter ‘irrevocable’ del socialismo. Pero elimina la referencia que está en la actual Carta Magna sobre un avance hacia la sociedad comunista y otra prohibición del uso de la propiedad privada para explotar el trabajo de otros.

Rosa Payá, opositora hija del disidente cubano Oswaldo Payá, afirmó a El País que los cambios son “puro teatro que solo responden a la necesidad de la casta castrista de legitimarse, de darse una mano de pintura de cara a la comunidad internacional y, en segundo lugar, al propio pueblo cubano. Es una mascarada en la que los ciudadanos no deciden nada”.

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Otro líder opositor, José Ferrer, expresó a DW que no hay que olvidar los “cien presos políticos” que hay en la isla como si estuvieran en “campos de concentración”. Para 2017 la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional cifraba los presos políticos en 140. Algo que el Gobierno siempre ha negado.

El proyecto refuerza el dominio del Estado sobre los medios de producción y la tierra, así como el papel de la planificación centralizada. Por primera vez hay un reconocimiento al mercado como una ley económica objetiva, aunque puede ser revocada por voluntad del Gobierno, según Reuters.

En el caso de la justicia, por primera vez, los cubanos podrían demandar al Estado por daños y negligencia. Además, las personas serán inocentes hasta que se pruebe lo contrario y tendrán derecho a un habeas corpus, según la nueva propuesta. Sin embargo, el sistema judicial con jueces designados por el Estado no ha cambiado. Los abogados siguen siendo empleados estatales.

Las propuestas no reducen el riesgo ni modifican las reglas para hacer negocios en Cuba, pero legitiman aún más la inversión extranjera, un nuevo paso hacia una economía mixta y una sociedad más moderna.

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Asimismo, legaliza la unión entre personas del mismo sexo y prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género.

Desde la semana pasada el Gobierno realiza debates en los que la ciudadanía puede dar su opinión del proyecto hasta el 15 de noviembre, algo que la oposición llama pantalla y prefiere promover el movimiento Cuba Decide, que pide un plebiscito para preguntar a los cubanos si desean cambiar de sistema y hacer “elecciones libres”. (I)

Inversión de transporte

Las líneas férreas de Cuba, principal vía de transporte terrestre en la isla socialista, podrán ser operadas por capitales extranjeros, según una norma difundida el pasado miércoles como parte de las reformas económicas en el país. Es decir, cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá operar total o parcialmente este medio de transporte que hasta ahora es manejado por el Estado.