“Mi hijo siempre tendrá un nombre, Juan Marco, jamás será un número, jamás aceptaré que sea una estadística”. En el Palacio de Carondelet, hace un año, María del Carmen de la Torre recordó al mayor de sus cinco hijos, atropellado por un conductor ebrio el 19 de diciembre de 2004.

Esta semana, con los voluntarios de su fundación Corazones en el Cielo, en Quito y Guayaquil, María del Carmen acompañó a las familias de las víctimas de dos accidentes que cobraron 36 vidas, 24 en la vía Pifo-Papallacta, en su mayoría colombianos y venezolanos, y 12 hinchas del club Barcelona en la vía Cuenca-Molleturo.

“Está mal llamado accidente, porque si se pudo prevenir, no es un accidente”, criticó ella en la reunión del 16 de agosto de 2017 dirigida por el presidente Lenín Moreno y en la que se firmó el llamado Pacto por la Seguridad Vial, un documento elaborado por 38 actores públicos y privados, pero sin delegado de la Asamblea Nacional.

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Ese pacto surgió como una medida urgente para terminar con la “pesadilla” que revive el país cada vez que las vías se tiñen de la sangre de muertos y heridos, algo que este año ha ocurrido cada 40 minutos, según las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

De enero a junio, los siniestros viales han dejado 1.058 fallecidos y 9.575 heridos, en total 10.633 víctimas, 59 diarias, una cada 40 minutos, apenas dos minutos de diferencia que hace ocho años cuando en el 2010 había un afectado cada 38 minutos. Ese año se aprobaron reformas a la Ley de Tránsito como la que cambió a 60 días, en lugar de 2 años y medio, la suspensión de la licencia de un conductor que perdía sus 30 puntos o la tipificación como delito de un accidente con muertos y heridos graves y la suspensión de la cooperativa.

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Otra reforma, aprobada por la Asamblea en el 2014, eliminó la obligatoriedad del curso a un conductor no profesional. “Si aprendo a manejar y estudio la Ley de Tránsito, ¿por qué tengo que regalar 180 dólares a una empresa privada para tener acceso a mi licencia?”, defendió el entonces presidente Rafael Correa, quien en el 2016, vía decreto, bajó de dos a una la revisión anual de los buses.

Tanto chofer inexperto a los que han dado esa licencia. En menos de un año tienen licencia especial. Hacen el curso, en tres meses dan una, en seis meses la otra. Antes era más complicado tener licencia profesional”. Iván Muñoz, conductor de cooperativa Santha Martha

Algunas de estas medidas fueron aplaudidas por transportistas y conductores, cuyas acciones sumadas a las omisiones de las entidades de control han ocasionado la gran mayoría (8 0%) de siniestros. Lo señalan las mismas cifras de la ANT, cuyo director Pablo Calle, no aceptó una entrevista.

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Por ejemplo, este año, el 7 % de las causas de muertes en las vías se debe a la embriaguez de los conductores, pese a los controles ‘minuciosos’ que aseguran que hacen las autoridades en las terminales terrestres.

“El estado de los neumáticos es el principal motivo de las suspensiones”, afirma la subteniente Kathy Castillo, quien revisa los buses, en la Comisión de Tránsito del Ecuador, entidad que tampoco aceptó entrevistas pues adujo que su titular, José Gálvez, fue removido.

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Otra de las causas de siniestros este año, en el 16 %, es el exceso de velocidad. “Venimos volando. La gente viene durmiendo y no es consciente del peligro”, dijo Roberto Panchana, un ebanista que volvió a Guayaquil en un bus de la cooperativa Reina del Camino.

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Paúl Fajardo, un universitario cuencano que vino el miércoles a Guayaquil, coincidió: “Pasa una semana y se olvidan de los controles hasta que vuelva a suceder otra desgracia”. Mientras, Napoleón Cabrera, dirigente del sector transportista, atribuye una parte de la responsabilidad a las entidades. “Muchos de los radares que están en las carreteras del país están dañados”, contó.

Cabrera es uno de los 39 firmantes del llamado pacto vial, un acuerdo que no se ha cumplido, por ejemplo, en la implementación de una campaña agresiva de concienciación que llegue a los involucrados y no se quede en “eventos simbólicos”. El documento, compuesto por 42 compromisos, está “bastante retrasado”, agrega Guillermo Abad, de la veeduría Justicia Vial, y menciona que aún no se incluye la materia de Seguridad Vial en el pénsum educativo, algo que según el asambleísta Fafo Gavilánez está considerado en las reformas que la Asamblea prevé aprobar antes de que termine el año. “Buscamos que el tema de choferes sea una carrera”, comentó el presidente de la comisión ocasional de Tránsito del Legislativo.

Del pacto vial, dice la fundadora de Corazones en el Cielo, tampoco se ha cumplido la creación de oficinas de atención a víctimas, como dispuso el mandatario hace un año al entonces ministro de Transporte, Paúl Granda. El actual ministro Boris Palacios no aceptó entrevistas, optó por el silencio.

Hemos renovado casi toda la flota, las operadoras. La inversión se traduce en tener carros con menos riesgo a tener problemas mecánicos, pero ¿qué han hecho las otras instituciones que nos controlan?”. Abel Gómez, dirigente de la transportación interprovincial

Guillermo Abad: Nos falta compromiso político

Guillermo Abad, presidente de la veeduría Justicia Vial y miembro del Pacto Nacional de Seguridad Vial, cree que las tragedias en las vías son una consecuencia de una cadena de inobservancias a la Ley de Tránsito vigente.

¿Quiénes están en esa cadena de inobservancias?
La seguridad vial tiene más de 200 actores entre públicos y privados, y esa cadena de inobservancia tiene diferentes actores y autoridades, que van desde ANT, más de 200 municipios, organismos de control de tránsito, entes normativos como INEN... La seguridad vial es producto- resultado de una buena o mala gestión de tránsito.

¿Y es buena o mala?
Lo que podemos decir es que nos falta decisión política, compromiso político de todos los estamentos del Estado para hacer respetar las normas jurídicas. Los compromisos políticos gremiales, particulares, conflictos de interés han subordinado a la Ley y a la seguridad vial. Ahí está el problema, ¿cuándo se soluciona esto?, cuando como sociedad tengamos la capacidad de romper esos compromisos y poner sobre ello el derecho a la vida.

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¿El pacto quedó en papel?
Considero que la idea del pacto es buena, porque promueve la participación de toda la sociedad, sin embargo, creo que el pacto tiene que empezar a cristalizarse con todas las propuestas que se han hecho.

¿Como cuáles?
Una de las más importantes del pacto es la reforma a la Ley que pretende retomar la esencia de la Ley del 2008... Creo que ahí está gran parte de la posible solución de los problemas que tenemos y en esta reforma se darán los caminos para que la ley pueda ser aplicada. (I)