Su trayectoria los avala. Desde diferentes frentes han luchado, en su mayoría, por la defensa de los derechos humanos y contra la corrupción. Un reconocimiento que recibieron el 2015 cuando, a pedido del colectivo de trabajadores, indígenas y organizaciones sociales, un grupo de ciudadanos aceptó integrar la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) para liderar la fiscalización de los organismos del Estado.

Hoy desde ese órgano de la sociedad civil, cuyos integrantes han enfrentado demandas, juicios y hasta insultos, han surgido nombres que han sido considerados para desempeñar cargos en entidades públicas, cuyas autoridades fueron cuestionadas e investigadas por presuntas irregularidades.

Al menos ocho funcionarios provienen de la CNA, tanto nacional como de algunos núcleos. Este es el caso de Julio César Trujillo, que preside el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) transitorio, que por mandato popular está encargado de la evaluación de las autoridades nombradas por el cesado CPC. Como secretario general ad hoc está Darwin Seraquive, abogado de la CNA, y en marzo se sumó la socióloga María Arboleda como secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ha solicitado licencia.

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En junio, el CPC transitorio designó a los cinco vocales encargados del Consejo de la Judicatura (CJ), entre ellos están Marcelo Merlo, de la CNA, y Zobeida Aragundi, comisionada de Guayas. Como vocal transitorio del Consejo Nacional Electoral está Alberto Molina, también de Guayas.

Patricio García (CNA, núcleo Manabí) fue designado delegado de la Contraloría en esa provincia y Yaneht Valverde (CNA, núcleo Santo Domingo de los Tsáchilas) es ahora delegada provincial del CJ.

Jorge Rodríguez, vocero de la CNA, señala que estas postulaciones o designaciones lo que demuestran es la aceptación ciudadana que aprueba las acciones de la comisión.

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Rodríguez dice que los cargos son transitorios, pero eso no significa que han perdido sino, al contrario, han ganado un espacio para poner en práctica los preceptos que los movieron durante los dos años y medio de operación de la comisión. “Una cosa es querer tener el poder y otra cosa es tener el poder, aunque sea en un cortísimo plazo, para dejar una seña de decencia y transparencia”, señala.

La activista Silvia Buendía, de la CNA en Guayas, considera que si en este momento se ven estas postulaciones es porque quienes integran estas comisiones tienen sobre todo legitimidad, porque no surgieron recién sino que han estado luchando contra la corrupción de manera permanente y se han ganado un espacio a pesar de persecuciones y maltratos.

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Dice que una muestra son las filas de ciudadanos que cada semana acuden a la oficina de la comisión en Guayaquil para presentar sus denuncias: “La CNA ha sido como una especie de tabla de salvación de una ciudadanía que ha sido estafada por aquellas autoridades que tenían que haberla protegido y darle la solución”.

Indica que ahora están en la tarea es buscar gente nueva y con trayectoria probada que se sume a esta fiscalización.

Para Julio César Villacreses, secretario de la CNA capítulo Manabí, estas designaciones se deben ver como una oportunidad para dar su aporte cívico y acelerar los procesos de investigación en las entidades de control. “Nos hemos ganado la credibilidad (...), por eso la gente tiene una esperanza en la Comisión Anticorrupción y ese es el riesgo de que si no actuamos bien seremos juzgados por la ciudadanía y la historia”.

La postulación de la comisionada de Santo Domingo de los Tsáchilas como delegada provincial del Consejo de la Judicatura fue dada por gremios sociales y sindicales locales. “Esta es una muestra de que sí hay deseo de cambio en el país”, señala Galo Calero, coordinador provincial.

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Algunos de los comisionados postulados son reemplazados por suplentes, dice Rodríguez, quien reconoce que sí ha habido deserciones, algunas voluntarias, pero que esto no les ha quitado fuerza. Conoce que hay un debilitamiento de la CNA en Azuay, por lo que la comisión prevé una ruta para nuevos participantes.

Fernando Vega es uno de los integrantes que aún se mantiene activo. Para él la comisión en Azuay ya cumplió su etapa y ahora el énfasis pasa al CPC transitorio y a las veedurías sociales. “El gran reto es reactivar la participación ciudadana y que se designen a las personas idóneas en la conformación definitiva del Consejo”, dice.(I)

Queremos que la gente entienda que sí se pueden recuperar las responsabilidades que da la Constitución, el de fiscalizar los actos de poder público y participación activa como ciudadano”.Jorge Rodríguez, vocero de la CNA