Mientras que el grupo de asambleístas correístas advierten de una persecución política por el accionar de la jueza Silvia Sánchez en el caso de Fernando Alvarado, hay otros sectores como SUMA, PK y CREO que consideran que las medidas cautelares no son suficientes.

Alvarado está siendo investigado por supuesto peculado.

Vicente Taiano (PSC) manifestó que debe quedar claro que ningún hecho que haya sido advertido por la Contraloría como algo irregular puede quedar en la impunidad; y nadie puede estar sobre la Ley, y menos sostener que se trata de una persecución política frente a un hecho de corrupción: “Hay que dejar que opere la justicia”.

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Héctor Muñoz (SUMA) dijo que le preocupa que dentro de la solicitud de la Fiscalía hacia la jueza no se haya impuesto una medida cautelar en la parte real, como la prohibición de enajenar los bienes, cuya acción se enmarca dentro de la lucha contra la corrupción.

En esa misma línea se pronunció Jeannine Cruz (CREO), pues comentó que “lastimosamente no se dictaron medidas sobre los bienes de Alvarado y de esa manera garantizar la recuperación de los recursos para el Estado ecuatoriano”.

Juan Cárdenas (antes de AP) afirmó que lo sucedido con Alvarado es una persecución política. Y cuestionó que con una “tesis de indicios” se dicten medidas cautelares y lo involucren a un proceso penal porque fue director de la Secretaría Nacional de Comunicación.

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La legisladora Encarnación Duchi (PK), en cambio, señaló que los indicios de responsabilidad están bastante avanzados en contra de Fernando Alvarado, por lo tanto, los organismos de justicia pueden establecer otro tipo de medidas cautelares como prohibición de enajenación de bienes. (I)