Las inconsistencias en el padrón electoral aún se mantienen, cree el vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de transición, José Cabrera, quien prevé iniciar un proceso de depuración en los siguientes 55 días que le restan de gestión.

Cabrera (exintegrante de un equipo auditor al padrón que se hizo en los comicios del 2017 por las organizaciones políticas, delegado del PSC) asegura que ya en esa ocasión se detectó que había personas fallecidas, con dos y tres números de cédula. Incluso, personas mayores a 120 años, y otras que no habían votado hace doce años.

“El expresidente del CNE Juan Pablo Pozo dijo que se habían corregido los problemas, las novedades. Pero pude verificar que eso no es verdad. Siguen existiendo esos temas. Por eso es mi propuesta, mi presencia para depurar el registro”, expresó.

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Aunque no podrán estar en el cargo más de 60 días, Cabrera aspira a “dejar sentadas las bases para que la gente que viene al CNE definitivo pueda seguir con la tarea”.

Él aclara que no tiene pruebas de que haya habido fraude en los comicios del 2017, “pero tampoco puedo decir que ha sido un proceso transparente, porque no se permitió acceso a la información”.

Esta depuración se hará con Néstor Marroquín, exmiembro de esta auditoría, que fue delegado por el movimiento Concertación, y Enrique Mafla, otro exauditor, delegado del PSP.

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El Registro Electoral suscitó la preocupación de misiones de observación electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Misión de Observación Electoral (MOE), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que al final de las elecciones generales de febrero y abril del año 2017 plantearon observaciones.

La primera señaló que el Registro Civil, encargado de elaborar el padrón y enviarlo al CNE, mantenía en ese entonces, “2,7 millones de actas de defunción por depurar”.

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Y la MOE observó que había fallecidos en el padrón, y aconsejó que se elaborara un reglamento.

A la par de esta actividad, ayer los cinco vocales electorales se reunieron con el contralor subrogante del Estado, Pablo Celi, para solicitarle que analice las actividades del CNE de los últimos seis años.

Celi dispuso que se haga un examen especial a la gestión administrativa, financiera y operativa, desde enero del 2012 hasta el 31 de julio de 2018.

Por otra parte, ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición integró la Comisión Técnica que realizará el concurso de méritos e impugnación ciudadana para renovar a los diez consejeros (cinco principales y sus suplentes) del ente electoral.

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La conforman dos delegados por la ciudadanía, que son Gloria Ochoa Álvarez y Gonzalo Miranda Ruiz; dos delegados por el pleno del CPC, Noemí Mogollón, asesora del presidente Julio César Trujillo, y Soraya Andrade Rodríguez, asesora del consejero Luis Hernández. Y como veedora, Nancy Miranda Gallegos.

La próxima semana se convocará a la ciudadanía a inscribirse. (I)