Los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio buscarán que se dicten medidas cautelares para detener la etapa de inscripciones para ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC), y así poder impulsar reformas al instructivo para las postulaciones a integrar dicho organismo.

El CNE prevé reunirse mañana con los jueces de la Corte Constitucional (CC) para pedirles que tramiten una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Reformatoria al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social planteada por varios colectivos sociales, y analizar la alternativa de las medidas cautelares.

El consejero Alberto Molina cree que este recurso permitirá “hacer los cambios que se requieran para que se viabilice y no haya inconsistencias” en el concurso, debido a los reclamos de la sociedad civil que consideran que el instructivo que regula la selección de los nuevos consejeros es discriminatorio y afecta los derechos de participación.

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Una de ellas es la Comisión Nacional Anticorrupción, de Guayas, que pidió públicamente que se detenga el proceso, derogue el instructivo y se construya otro, con participación de la ciudadanía y con “reglas del juego claras”.

Exigen que se defina qué es un “compromiso cívico y defensa del interés general”, como consta en el reglamento aprobado por el CNE cesado.

Marcelo Espinel, directivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (que demandó la inconstitucionalidad de la ley del CPC), opina que el CNE “está atado de manos, pues debe elaborar un instructivo que responda a la ley”.

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“Este instructivo da un panorama oscuro. Queremos que se elabore una norma que respete los derechos de participación, y permita postular candidatos independientes”, dijo.

Para ellos, el problema radica en la presencia de “parámetros discrecionales” como “acreditar una probidad a lo largo de su vida”, demostrar un “compromiso cívico” o la “defensa del interés general”. (I)