El presidente Lenín Moreno decidió enviar un alcance al veto parcial a la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Equilibrio Fiscal.

Así lo anunció el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz (AP), luego de una accidentada reunión. Fue este hecho el que impidió que ayer los asambleístas puedan votar el informe que se deberá debatir en los próximos días en el Pleno.

Ayer los asambleístas tenían en sus planes aprobar el informe para que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, pudiera convocar al debate el martes próximo. Sin embargo, todo se trastocó por una serie de eventos.

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Durante la mañana, la sesión no se pudo concretar, pues varios asambleístas que habían asistido a la sesión solemne por las fiestas de Guayaquil, no pudieron regresar a tiempo, por retrasos en los vuelos.

Sin embargo, hacia el mediodía se instalaron en la reunión y abordaron los últimos detalles en los que no había consenso. En ese momento se decidió recibir en comisión a delegados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que pedían a los asambleístas que no den paso al cobro por parte de abogados externos de honorarios por casos de coactivas, en procesos de remisión.

Mientras, en la Asamblea se había aprobado apoyar a los abogados, el veto indica que estos cobros no deben darse.

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A pesar de que los asambleístas se mostraron molestos por lo que llamaron “una irresponsabilidad del IESS” al no haber presentado su preocupación durante los dos meses en los que ha estado en debate el proyecto, seis votaron a favor de allanarse al veto en este punto, cuatro por la ratificación.

Durante la sesión, César Rohon (PSC) puso en el tapete también el tema del malestar que se habría generado en el interior de las Fuerzas Armadas por no haber sido incluidos en un bono que se preveía entregar a la Policía Nacional.

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Otro de los temas que no cuentan con consenso es la supuesta afectación que tendrían los trabajadores, sobre todo de empresas petroleras, por la remisión de los intereses, multas y recargos de deudas tributarias en sus utilidades.

El problema se da porque las empresas petroleras que podrían acogerse, tienen determinaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) que se encuentran al momento en juicios.

Solo en el caso de que perdieran dicho litigio, los trabajadores tendrían derecho a este cobro; con la remisión se resuelve el tema, pero no se produce la sentencia en firme que señale que hubo más utilidades.

La sesión de la Comisión se reinstalará entre lunes y martes, dijo Albornoz. (I)

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744 millones
De dólares espera recaudar el Ejecutivo a través de la remisión de intereses, multas y recargos.