Íñigo Salvador Crespo y Juan Pablo Aguilar Andrade son dos de tres candidatos a ocupar el despacho de la Procuraduría General del Estado, que lograron pasar a la etapa de impugnación ciudadana, frente al proceso de elección de esta autoridad que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición.

María Albán Ricaurte habría incumplido con uno de los requisitos.

La ciudadanía tendrá un plazo de tres días para objetar las candidaturas.

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En cambio, las ternas para ocupar las Superintendencias de Control del Poder del Mercado y la de Economía Popular y Solidaria se mantienen en análisis interno del Consejo, explicó ayer el consejero Pablo Dávila. (I)