El Consejo Nacional Electoral (CNE) “requiere ser recompuesto por la salud de la Función Electoral”, por la forma en que fueron designados sus cinco vocales principales y suplentes. Esta afirmación consta en una de las varias recomendaciones que hizo el equipo de investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición, que determinó su nivel de cumplimiento de los parámetros de evaluación establecidos en el Mandato de Evaluación de Autoridades.

Ayer terminó el plazo para que los vocales electorales presenten sus pruebas de descargo a este análisis de casi 250 páginas, que recoge las actuaciones de Nubia Villacís, Paúl Salazar, Ana Marcela Paredes, Luz Haro y Mauricio Tayupanta, pese a que solicitaron una prórroga.

Ese pedido iba a tratarse ayer en el CPC, pero entre sus siete miembros no se habría llegado a acuerdos para darlo.

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Esa plenaria se volvió a convocar para las 11:00 de hoy, y el primer punto es tratar la prórroga. En el CNE había ansiedad por conocer la decisión, pero al haber concluido el plazo, prefirieron entregar sus alegatos al final de la tarde.

El expediente evaluó desde cómo presentaron sus carpetas para participar en los concursos públicos de selección realizados en 2011 y 2014; hasta quiénes los eligieron y sus vínculos políticos con el gobierno de Rafael Correa.

El equipo interno consideró que los evaluados son “ilegítimos en el cargo, y han incumplido en sus funciones”.

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A Paredes se la cuestiona por ascender a principal “perturbando” el artículo 218 de la Constitución, sobre ocupar este cargo por seis años. (Ella fue electa suplente en el 2011). “Ocupó una suplencia siendo de otro concurso y con menor puntaje”. Ella respondió el lunes que no se está tomando en cuenta que “hubo un sorteo” para elegirla, y que no tuvo “padrino” para llegar al cargo.

En el texto se indica que los consejeros eligieron a Haro para reemplazar a Juan Pablo Pozo, en lugar de designar a Solanda Goyes, que era la suplente con más alto puntaje.

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A las dos se las acusa de “adoptar decisiones sin tener competencia, lo que podría configurar en delitos de usurpación de poder”.

Días atrás, tras ser notificada sobre el documento, Villacís emitió un comunicado en el que dijo que si se deslegitimaba a los vocales también se lo estaría haciendo con los comicios que estos organizaron.

El CPC transitorio convocará a una audiencia pública para que los consejeros expongan sus alegatos. (I)