Apenas ocho días después de posesionarse, el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio recibió una ‘lluvia’ de críticas al encargo temporal de 23 fiscales provinciales, entre ellos el de Napo, Guillermo Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno.

Sectores políticos que actúan en la Asamblea anunciaron que pedirán la comparecencia del organismo colegiado ante la Comisión de Fiscalización, para que explique las motivaciones de los encargos de los fiscales; y solicitarán que se acelere el concurso para fiscales provinciales permanentes.

Incluso uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, consideró que varias personas que constan en la lista que se publicó el pasado 22 de junio, sobre los encargos temporales de fiscales provinciales, son “funcionarios que han sido sujetos de fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad ecuatoriana”. “Yo no creo que podemos premiar a la gente que ha obrado mal o que se presume que obró mal”.

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Dijo que espera que este cuestionamiento social motive la revisión de los procedimientos y la forma en que se toman las decisiones.

Algunos de los nombres cuestionados son Gustavo Benítez, encargado como fiscal de Loja, que tuvo los casos relacionados con la revuelta policial del 30-S; Fabián Salazar, de Sucumbíos, quien estuvo a cargo del caso por injurias seguido por el exmandatario Rafael Correa en contra del activista político Fernando Villavicencio y el exasambleísta Cléver Jiménez; Washington Astudillo, de Guayas, quien llevó la investigación del crimen de Jorge Gabela; y Guillermo Moreno, de Napo, hermano del presidente y excandidato a la Asamblea en las últimas elecciones.

María José Carrión (AP), presidenta de la Comisión de Fiscalización, señaló que llama la atención el encargo del hermano del mandatario como fiscal y dijo que mocionará en el organismo el llamado al CJ, para pedirle explicaciones y que inicie de inmediato los concursos respectivos.

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Los legisladores Luis Pachala y Fabricio Villamar (CREO) manifestaron que pedirán información sobre la forma que se nombró a los fiscales.

El hecho de que entre estos haya un hermano de Moreno es una “mala imagen” para una justicia que intenta recomponerse y además no genera confianza, dijo Villamar.

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En tanto, los vocales del CJ, Aquiles Rigaíl y Zobeida Aragundi, aclararon que no son nombramientos ni designaciones sino encargos temporales.

Aragundi dijo que, en consenso con el fiscal general del Estado y de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, se encarga a los fiscales que están en la categoría 3 y los mejores puntuados. “Porque estamos trabajando en los concursos de fiscales provinciales y fiscales en general, que serán transparentes, con equidad”.

No obstante, señaló que si se presenta en el CJ una impugnación fundamentada contra algún fiscal provincial encargado, se revisará.

Rigaíl dijo que actuaron conforme a la norma y no están revisando el parentesco que tienen. “Si da la casualidad (...) de que el fiscal Moreno era de categoría 3 y mejor puntuado, cómo podemos hacerlo a un lado solo porque era pariente del presidente, sería un grave error, un discrimen en base a un parentesco”.

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23 fiscales provinciales están como encargados por el CJ.

Vocales recibieron denuncias en Guayaquil

Recorrieron las dependencias judiciales, recibieron denuncias y se reunieron con personal judicial. Esa fue parte de la agenda que cumplieron ayer en Guayaquil los vocales del Consejo de la Judicatura transitorio, Zobeida Aragundi y Aquiles Rigail. Fueron acompañados por los expresidentes de la Corte de Guayas María Leonor Jiménez y Miguel Félix López.

Aquiles dijo que estaba sorprendido de “ver el desperdicio económico que han realizado anteriores administradores y representantes del Consejo de la Judicatura”.

Señaló que resultaba extraño que no haya habido una fiscalización integral. Por lo pronto, añadió, están pidiendo acciones de Contraloría de las construcciones. También dijo que se enteró de juicios en Manabí en los que el delegado provincial no era un abogado sino un ingeniero. “Vamos a investigar y sancionar”.

En tanto, Aragundi dijo que las coordinadoras administrativas del Complejo Judicial Florida Norte comunicaron problemas de infraestructura, cañerías, tuberías, por lo que se levantará información. (I)