La Contraloría General del Estado no corrobora la existencia de un tercer producto, que determine si la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, se debió a la delincuencia común o asesinato por sus denuncias de supuestas irregularidades en la compra de los siete helicópteros Dhruv, a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

La predeterminación de la Contraloría se dio en el marco de un examen especial -que inició en el 2016- a la contratación del perito argentino Roberto Meza, para que investigue la muerte del exgeneral en el 2010, y que la solicitó el Ministerio de Justicia, que lideró un Comité Interinstitucional creado en el 2012 por el exjefe de Estado, Rafael Correa.

Este 13 de junio, Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia, y quien fue administradora de este contrato, denunció que fue sancionada con una responsabilidad administrativa culposa por $ 4. 770 porque no se evidencia este denominado tercer producto.

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El contrato se firmó por $ 78.000, y Meza debía entregar tres productos. El último, correspondía a las conclusiones de si Gabela había sido o no asesinado, y por esta parte se canceló $ 23. 400.

Presidente @Lenin el costo de que tenga a su lado a los miembros del Comité Interinstitucional empieza a hacer daño a quienes hemos dicho la verdad #CasoGabela CGE impide que toquen a los poderosos, a sus asesores, a sus secretarios, a sus funcionarios. #NoMeCallan

Jaramillo aseguró este miércoles en una rueda de prensa, que ese tercer producto sí existió, y hasta lo guardaban en una caja fuerte, que había solicitado por la confidencialidad de dichos documentos e informes.

"¿A quién le beneficia la desaparición del tercer producto? Tengo muchas preguntas. Hay una supuesta responsabilidad por haber pagado por un producto que no ha existido, cuando hemos dejado constancia de que este producto sí existió. Dónde está la responsabilidad para los ministros de Estado, dónde está la responsabilidad para quienes resguardaron las actas", cuestionó Jaramillo.

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El informe de Contraloría señala que "no se evidenció la documentación que sustenta la presentación del tercer producto", por lo que predetermina una orden de reintegro de $ 23. 400 en contra del perito Meza, pues "no se evidenció la documentación que sustente su emisión y presentación, ya que el documento 'informe final', en la parte de las conclusiones no contiene la firma de responsabilidad, lo que ocasionó perjuicio económico a la entidad".

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Este Diario consultó a Meza sobre esta sanción y opinó que existen hasta funcionarios que recibieron ese tercer producto, incluso "la propia ministra (exministra de Justicia, Ledy Zúñiga) lee un supuesto informe final, entregado por mí. Entonces, ¿solo la Contraloría no ve?".

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Meza es representante de una empresa Consultora Pericial, domiciliada en Brasil, y estará en Quito la próxima semana invitado por la Presidencia de la República, para dar detalles sobre la investigación en el caso Gabela, y "aclarar de una vez por todas (el caso) y tratar de sintetizarlo", expresó en una conversación por una de sus redes sociales.

A Jaramillo se le predetermina una responsabilidad administrativa culposa por $ 4.700 por suscribir el acta de entrega y recepción del contrato, y solicitar la cancelación de $ 23. 400 por el tercer producto, del cual "no se estableció la documentación que sustente su emisión y presentación", ya que el documento denominado informe final no contiene la firma de responsabilidad.

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Jaramillo y Meza tienen 30 días para ejercer su derecho a la defensa sobre estas sanciones y remitir sus descargos. (I)