La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, ha pedido a la presidencia de la Comisión de Fiscalización que se convoque a una nueva sesión y permita destrabar el proceso de enjuiciamiento político a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), dijo este lunes el asambleísta Esteban Bernal.

Bernal (CREO) lamentó que el borrador del informe no fuera ni archivado ni aprobado la semana anterior. Dijo que coincide con la presidenta de la Asamblea que ya pidió que la Comisión de Fiscalización vuelva a instalarse y reconsidere la votación en el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Falta la respuesta de María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización.

.@EstebanBernalB (CREO), afirma que con la presidenta de la Asamblea @elizcabezas se pidió a la Comisión de Fiscalización vuelva a instalarse y reconsidere la votación en el jucio político contra el @CJudicaturaEc que no tuvo votos ni a favor ni en contra. @eluniversocom pic.twitter.com/oL1enjUisb

Esteban Bernal (CREO), uno de los interpelantes, indicó que Cabezas coincide con él en que la Comisión dejó en el “limbo” el caso, pues no hubo votos a favor del informe que recomendaba el juicio político ni tampoco para archivar.

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Los votos a favor del informe fueron de los asambleístas María José Carrión y Daniel Mendoza (AP); Homero Castanier (CREO); Raúl Tello (BIN); Jimmy Candel (IND); Luis Núñez (PSC). Por la abstención: Silvia Salgado (AP-PSFA); Hermuy Calle y Euro Torres (AP). Karla Cadena (AP) no fue.

Bernal manifestó que la única salida es que la mesa convoque a una nueva reunión y que se proceda a la reconsideración para destrabar el tema.

Salgado, miembro de la comisión, afirmó que esta ya perdió competencia porque el sábado pasado terminó la etapa de sustanciación; por lo tanto, no cabe una reconsideración de la votación como lo plantea la presidenta de la Asamblea.

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Ayer, durante lo que dio a entender que sería su última rueda de prensa, Gustavo Jalkh y los cuatro miembros más del CJ explicaron al menos cinco puntos de su impugnación ante el Consejo de Participación (CPC) Transitorio, que los cesó.

Entre ellos, la existencia de un conflicto de intereses, la designación del fiscal subrogante, el uso del error inexcusable y el supuesto hackeo de sentencias.

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“Hemos planteado de forma contundente nuestra defensa. Ha sido nuestro derecho hacerlo, pero creo que no hay que ser Mandrake para saber que la resolución está tomada hace mucho tiempo...”. (I)