Una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 9 de enero pasado del ingreso de la denuncia sobre la desaparición y posible asesinato de David Romo, varias entidades cruzaron información al respecto.

En la denuncia constan nueve instituciones bajo el título “autoridades públicas que tuvieron conocimiento de la situación denunciada”: Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Presidencia, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Unidades judiciales de garantías penales, Corte provincial y Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, la Procuraduría General, que lo representa en caso de litigios internacionales, no ha recibido hasta la fecha ninguna notificación.

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Según su base de datos, en el 2017 la CIDH recibió 107 peticiones desde Ecuador, al tiempo que mantenía 180 “pendientes de estudio inicial”.

Los tiempos para el caso de David Romo podrían alargarse, dependiendo de la complejidad con que avance la Comisión en la verificación de la información. Solo cuando se cumpla con todos los requisitos normativos y de procedimiento, el caso podría ser admitido a otra instancia, con miras a una demanda contra el Estado ecuatoriano.

El año pasado, la CIDH decidió “no abrir a trámite” 94 peticiones, mientras que resolvió “abrir a trámite” en apenas cuatro casos. (I)