El gobierno de Daniel Ortega afronta una aguda crisis política por las protestas en Nicaragua. Por ello, acordó con la OEA un calendario para analizar reformas al sistema electoral hasta enero –aunque la oposición pide cambios inmediatos, incluida su salida de la Presidencia–, luego de verse debilitado, pese a que conserva aún un fuerte círculo de confianza.

Uno de sus principales apoyos ante las manifestaciones es la fuerza pública, que con su violencia se ha convertido en el principal motor para mantener el control del país. Según denuncias de organizaciones, se ha llegado a utilizar a francotiradores para abatir a manifestantes. También hay denuncias de grupos armados que enfrentan a quienes protestan y que serían fuerzas de choque del Gobierno. Pero Ortega se ha defendido y negado estas acusaciones indicando que los grupos paramilitares son los que han formado estudiantes universitarios –principal objetivo de la represión pública y mayor opositor del Gobierno–.

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Al mando del país desde el 2007 –desde 2017 cogobierna con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo–, también ha extendido sus lazos familiares para sostener sus controles, entre ellos, de la Policía.

El diario nicaragüense La Prensa apunta que Francisco Díaz, comisionado general de la Policía, es desde el 2010 consuegro de Ortega –su hija está casada con Maurice Ortega Murillo– y es ejecutor de las órdenes de los gobernantes.

El Ejército es otro pilar para sostener a Ortega, quien desde que asumió su segunda etapa presidencial en 2007 fue desligando al Ministerio de Defensa de la comunicación entre los militares y el Gobierno, y ahora lo maneja directamente.

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Organizaciones ya han denunciado en otras ocasiones al Ejército por su represión a opositores. Además es señalado de convertirse en una ‘corporación’ con grandes intereses en el sector económico.

El control de Ortega llega también al Congreso y el Tribunal Electoral del país.

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Otro punto fuerte que mantiene el gobierno es el control de los medios. Todavía es poca la crítica de la prensa, puesto que varios de los hijos de Ortega y Murillo son empresarios de medios de comunicación (radios, canales de televisión y portales digitales).

Uno de ellos, Juan Carlos Ortega, es el director de Canal 8, conocido por sus noticias de crónica roja. Según la oposición, este medio fue comprado en 2009 por más de 10 millones de dólares con dinero de fondos venezolanos, ganados por la familia con la cooperación del país petrolero con el Gobierno, un ámbito que es manejado por el hijo mayor de la pareja: Rafael Ortega.

Otros vástagos: Maurice, Daniel Edmundo, Carlos y Camila, también controlan los canales 4, 9, 13 y el 6 –público–. Las radios a su mando son Nueva Radio Ya, Radio Nicaragua y Radio Sandino, así como el portal 19digital, voz oficial del Ejecutivo.

Sin embargo, de acuerdo con una publicación de El País, la intransigencia del mandatario ya le ha costado la fidelidad de sus seguidores. Una encuesta de la empresa CID Gallup indicó que casi siete de cada diez nicaragüenses están a favor de que deje el poder –el 30% de ellos se considera sandinista–.

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“Queremos que se vaya la dictadura. Soy sandinista, pero no danielista. (...). Ortega tiene que respetar a Nicaragua, porque esto no es Venezuela. Aquí manda el pueblo: así llegó él al poder y así lo vamos a sacar”, dijo Antonio Saballos, residente en Managua, a El País.

La represión de los últimos dos meses también le ha costado perder el apoyo de un sector cercano a su gobierno, el de los empresarios. (I)

108
Muertos
Ese es el número de víctimas que dejan hasta ahora 46 días de protestas en Nicaragua.

No nos va a temblar el pulso para defender esta paz. Vamos a defender nuestras conquistas”.Gustavo Porras, presidente del Parlamento de Nicaragua y uno de los líderes del partido oficialista