“Serias inconsistencias” se detectaron en la conformación de dos veedurías ciudadanas que creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC), liderado por Raquel González, meses antes de que los siete vocales fueran cesados, tras los resultados de la consulta popular del 4 de febrero.

El actual Consejo de transición terminó anticipadamente las funciones de las veedurías para “verificar si la deuda pública 2007 y 2017 se encuentra bajo los parámetros establecidos por la Constitución” y otra para vigilar el cumplimiento del mandato popular de la pregunta tres y anexos.

Las resoluciones aprobadas por los consejeros transitorios el 15 de mayo pasado señalan que quien ordenó y certificó la integración de estas dos instancias fue una llamada Delegación Provincial Pichincha, que estuvo dirigida por el exfuncionario Cristian Torres.

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Se “detectaron serias inconsistencias” en la integración, como que “no existe un documento o acto administrativo o normativo mediante el cual el pleno del Consejo de Participación haya creado una Delegación Pichincha”,

En la veeduría sobre el mandato popular se encontraron “formularios sin firma”, y que no era una instancia “independiente del Consejo”, que recae en un “conflicto de intereses”.

El secretario técnico de Control Social, Mateo Martínez, confirmó que pidió a la Contraloría iniciar una auditoría a esta ‘Delegación Pichincha’, que se investiguen sus actuaciones.

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Hay una tercera veeduría que aún no está en investigación. Fue constituida el 4 de diciembre de 2017 por Torres para “vigilar” el debido proceso en el juicio por asociación ilícita contra el exvicepresidente Jorge Glas. Su coordinador fue el ministro del Interior en el régimen de Rafael Correa, Alfredo Vera Arrata, y otros siete exfuncionarios y ciudadanos. Vera contó que se retiró por un “desacuerdo, una discusión desagradable” que se dio luego de una rueda de prensa este 21 de mayo en la Asamblea (foto).

“He tenido momentos muy desagradables y no quiero insistir en eso”, relató sobre ese día, en el que apareció junto con los legisladores afines a Correa, Soledad Buendía y Carlos Viteri, para presentar un informe de dos diputados chilenos Hugo Gutiérrez y Guillermo Tellier, que concluyen que Glas es un “preso político”.

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Víctor Jaramillo, otro de los veedores, desconocía de la decisión de Vera. Pero contó que pedirán al CPC que extienda el plazo para continuar con su observación. (I)

Juicio a Jorge Glas

La observación al juicio por asociación ilícita en contra de Jorge Glas tuvo apoyo del CPC cesado, pues Cristian Torres firmó oficios para que el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General, la Procuraduría del Estado, la Corte Nacional de Justicia les ‘faciliten’ a los veedores el libre acceso a la información y para que los reciban para “sostener una reunión de enlace”.

Deuda pública

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La veeduría a la Deuda Pública Ecuatoriana 2007 y 2017 se creó el 28 de febrero de 2018 por Cristian Torres Obando, funcionario del CPC cesado. Según informes internos, el 10 de enero de 2018, “Alcibiades Naranjo” pidió que se la constituya. Esta instancia es diferente a la veeduría ciudadana creada por el contralor Pablo Celi, el 8 de enero de 2018, para vigilar el examen especial a la deuda pública contraída entre 2012 y el 2017. (I)

Mandato

La veeduría ciudadana para vigilar el cumplimiento del mandato popular del 4 de febrero pasado fue también creada por Cristian Torres. Y tras la investigación de las actuaciones por el CPC transitorio se detectó que hubo una “trasgresión evidente” respecto del reglamento de veedurías, porque “no constituía una veeduría independiente” del Consejo, y que fue alertado por el mismo ‘exfuncionario’ que creó la instancia.