Jueces de la frontera norte son más vulnerables a las amenazas

Pese a que 237 km separan a una jueza de Quinindé, de más de 45 años, de un juez de San Lorenzo, de 52 años, a ambos los une las noches interminables que generan las preocupaciones y el temor por sus vidas y la de los suyos. Por seguridad, protegemos sus nombres.

Los dos hablan del orgullo que sienten por hacer respetar las leyes, pero el tono que usan cambia cuando recuerdan que manejan procesos que involucran al crimen organizado, al narcotráfico, a alias Guacho, por quien Ecuador y Colombia ofrecen $ 248.000.

Luego del 7 del mayo último, día en que la jueza de Quinindé vinculó a Walther Arizala o Guacho a la causa por terrorismo abierta por la colocación de explosivos caseros en una torre eléctrica de Viche, Esmeraldas, la mujer llama más seguido a su hija, porque, dice, le llega a su cabeza el pensamiento de cómo estará “su niña”.

En abril, el tema de Viche no recayó en su despacho. Por sorteo, llegó al del juez que renunció en julio de 2017. Ese vacío obligó a que en abril tome su compañera el proceso y para mayo, cuando el fiscal pide vincular a Guacho, el proceso estaba con la jueza de Quinindé.

Para el juez de San Lorenzo, desde agosto de 2014 que llegó a este juzgado en la frontera, los casos relacionados al crimen organizado (drogas, minería ilegal, sicariato, secuestros y otros) se han incrementado y con ello las amenazas, cuenta. Llamadas intimidatorias, intermediarios que le dicen que es mejor “que haga billete” antes de que salga muerto y que dos autos lo saquen de la vía mientras iba a Borbón habría recibido en este tiempo el juez.

Pese a ello, cree que el pánico en San Lorenzo se sintió en enero pasado con la explosión del coche bomba en el cuartel policial, luego de que él ordenó la detención de alias Cuco, cercano de Guacho. Mirar lo que dejó la explosión le generó tres días de temblor en su cuerpo y dificultad para concentrarse.

La inseguridad que, afirma, descubrió en un lugar en el que un juez anterior mantenía un tarifario por sentencias u otra decisión judicial hizo que el juez de San Lorenzo decida que su familia esté lejos de la provincia en que trabaja. Aunque viaja a su casa periódicamente, sus hijas le reclaman la ausencia de los últimos cuatro años.

La jueza de Quinindé dice que un miedo terrible la invadió cuando se enteró de que vincularía a Guacho, pues enfrentaba a un delincuente que no estaba jugando. En ese momento le pidió a Dios sabiduría para ser justa y fortaleza para dejar de lado el temor, recuerda.

Desde el 2013 que ingresó como jueza penal a Esmeraldas enfrentó otros casos de riesgo, como el asesinato del alcalde de Muisne, Walker Vera, en 2014. Amenazas por ese caso, el cual estuvo matizado por hechos de narcotráfico, la obligaron a pedir el cambio de Esmeraldas a Quinindé, y por seguridad su hija abandonó Esmeraldas. La jueza no ha vuelto a Muisne.

Tras un año de ir y venir en bus de Esmeraldas a Quinindé con su policía de guardia, en 2015 la jueza volvía a estar en la mirada pública. Procesaba el hallazgo de una avioneta incendiada con miles de dólares en su interior y droga incautada, relacionada con el cartel mexicano de Sinaloa.

Aumento en su guardia personal, casi enclaustrarse en casa y apaciguar a sus familiares, diciéndoles que todo está bien, le dejó de herencia el caso.

En el juez ha rondado más de una vez la idea de renunciar al cargo. Ellos dicen estar en la mitad de la profesión que aman, con todos sus riesgos, y el amor de sus familias. Tienen claro que sus puestos no son apetecidos por profesionales de Esmeraldas o de otras provincias. Pese a ello, aseguran que jueces de la frontera, fiscales, policías, militares y el Estado deben hacer lo que la responsabilidad les obliga para salir de esta complicada realidad. (I)

Siempre he pensado que si a mí me llega a pasar algo en mi profesión, quiero que mi hija esté desprendida de mí, que ella pueda valerse por sí misma, que sepa andar sola, que sepa defenderse sola”.Jueza de Quinindé, Provincia de Esmeraldas