Julio César Trujillo es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPC) y, tras la consulta popular del 4 de febrero, es la cabeza de la evaluación y selección de autoridades de los organismos de control. Tiene 87 años. Su credencial es su trayectoria como abogado, catedrático y político.

¿Cómo evalúa los resultados del CPC en estos dos meses de gestión?

Hemos elaborado las normas tanto para evaluación como para la selección, en los casos que tengamos que elegir, pues al llegar nos encontramos con normas inaplicables. Para cada nombramiento necesitábamos hasta ocho meses y hay instituciones conformadas hasta por nueve miembros, lo que significaba más de un centenar de personas a evaluar y, en su caso, nominar. Comenzamos con cinco o seis instituciones; las que nos quedan son pocas. Las más complejas, como la del Consejo de la Judicatura, casi está concluida.

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Precisamente, allí están las críticas sobre la constitucionalidad de la evaluación.

A diferencia de otros, no me considero dueño de la verdad y antes consulté a los mejores constitucionalistas. Pero era de esperarse una división de pareceres, incluso en el mismo Consejo. En democracia se escucha a la minoría, pero la decisión la toma la mayoría.

La mayoría también puede equivocarse.

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Lo mismo puede estar equivocada la minoría. No es que las decisiones políticas sean infalibles. Las consecuencias las veremos el día de mañana.

Los críticos señalan que es inconstitucional la evaluación de la Judicatura y la Corte Constitucional.

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En el anexo de la pregunta 3 (de la consulta) nos dan facultades normativas, podemos dictar las normas que faciliten nuestro trabajo. Y eso hicimos. La consulta nos dio la facultad de interpretar el mandato y las normas. Vea, la única verdad absoluta es la existencia de Dios y los dogmas de la Iglesia. Y el derecho es discutible, sujeto a principios de interpretación.

¿Cómo justifica la evaluación en la Judicatura y la Corte?

Lo que pasa es que el Consejo participa indirectamente en todas las selecciones y en la Corte Constitucional y Consejo de la Judicatura tenemos participación. Tal vez en los únicos procesos donde elegimos señalando a una persona es en las superintendencias, pero de ternas que manda la Presidencia. Si nos hubiéramos reducido a evaluar a los superintendentes no habría aceptado estar en este consejo. Para evaluar eso no se necesita que me venga a sentar, gastando plata del Estado.

Usted ha dicho que está respaldado por el pueblo, ¿cuál es el límite de ese mandato popular?

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Ha habido manifestaciones gigantescas de respaldo en Quito y otras ciudades, con miles de personas.

¿Espontáneas o con un interés político detrás?

No sé qué interés pueden tener, aunque yo no creo en aquellos que dicen ser desinteresados, porque algo les mueve. La ventaja es que ninguno fue pagado por nosotros. Y si eso no es respaldo popular, no sé qué más es.

¿No hay presiones?

La única presión que hasta ahora he sentido es la del pueblo ecuatoriano. Otras no porque creo que me ven como un hombre honrado, por eso no me presiona nadie. O me temen. Le voy a pedir a Dios, en mis oraciones, que no me envanezca y ojalá responda a esta confianza del pueblo. (I)