La parroquia Mataje, ubicada a 30 km de San Lorenzo, permanece también sitiada por policías y militares. Esta localidad está en plena línea de frontera y ubicada al frente donde operarían los armados de Guacho y hasta integrantes de carteles mexicanos de narcotráfico.

En la vía asfaltada de acceso hay dos puestos de control policial y militar. Solo se permite el paso de los residentes en la zona, comerciantes, proveedores y trabajadores agrícolas de las plantaciones. A personas foráneas y miembros de la prensa se les impide el acceso.

El control es atosigante, según los conductores. El miércoles 2, por ejemplo, uno de los choferes reclama porque le obligan a levantar el capó de la camioneta para que un can antidrogas cumpla su tarea de olfateo en busca de sustancias ilícitas. “Paso a cada momento, ustedes me conocen y me obligan a esto”, señala. “Es nuestro trabajo, no se estrese”, le dice un uniformado.

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De Mataje, el 15 de abril pasado salieron 49 familias que totalizan 152 personas, 28 de ellos colombianos. Llegaron a la casa parroquial adjunta a la iglesia católica de San Lorenzo. Ellos se convirtieron en los desplazados por la violencia. Hasta esta semana, una parte ha retornado a sus hogares, pero 23 familias, casi 90 personas, permanecen albergados.

No obstante, los desplazados permanecen casi ocultos. Funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Secretaría de Riesgos, a cargo del centro de acogida, afirman que solo se puede hablar con ellos si el alcalde Gustavo Samaniego lo autoriza. (I)